EN EL DEBATE / Lista negra mexicana
Héctor Moreno
Desconfiados de muchos de los anuncios oficiales, para los mexicanos el aviso de publicación de una lista negra de empresas vinculadas al lavado de dinero carece de sentido mientras en la práctica no se concreten resultados de investigaciones oficiales.
Aún y cuando la medida tiene un valor en sí mismo, una inadecuada explicación por parte de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre su naturaleza y alcances generan confusiones para los ciudadanos.
La primera reflexión debe ir encaminada al origen de la medida, pues si la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido desde el año 2000 una lista negra sobre personajes y empresas ligadas al terrorismo o al narcotráfico, por qué hasta ahora las autoridades mexicanas asumirán como propios parte de esos señalados.
La medida la anunció el pasado 12 de abril, en Washington, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tras firmar el acuerdo correspondiente con el Secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew.
Uno de los principales objetivos de la OFAC al publicar esa lista es combatir el financiamiento al terrorismo internacional, es decir, se trata de las prioridades del Gobierno estadounidense fijadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Por lo grave y complejo, el tema del terrorismo en México es tratado con pinzas desde la llamada comunidad de inteligencia oficial.
Tan es así, que el Secretario de Hacienda admitió en Washington que el Gobierno tendrá ahora facultades para asumir la lista de la OFAC y las resoluciones de las Naciones Unidas contra el financiamiento del terrorismo. Es decir, esa es la prioridad.
Si la lista negra norteamericana ha incluido a cientos de personajes y empresas vinculados al mundo del narcotráfico en México, muchas veces esas medidas de sanción son ignoradas, pues hasta ahora no se conoce qué ha hecho el Gobierno mexicano con esa información. Las empresas ahí señaladas siguen funcionando, muchas de ellas en México, y nadie las molesta.
Mientras en Estados Unidos son señalados como delincuentes, en México operan normalmente. La mayoría de las ocasiones los ciudadanos desconocemos si el Gobierno de los Estados Unidos tiene o no fundamentos para sus acusaciones, pero tampoco sabemos si el Gobierno mexicano procesa legalmente esa información de los estadounidenses.
Dos ejemplos claros, en Jalisco, son las empresas Lomedic y Laboratorios Collins, incluidos...
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