EN EL DEBATE / Partidos onerosos

Pablo Lemus

El pasado 30 de mayo el Pleno del Congreso aprobó por mayoría reformas a nuestra Constitución Política donde se hacían cambios sustanciales en materia electoral. Para empezar, se aprobó la transformación del actual Instituto Electoral, por lo que tendrán que nombrarse nuevos consejeros.

Asimismo, se creó la Contraloría Interna y el Órgano Técnico de Fiscalización de los Partidos Políticos; en ambos casos (aunque se presume autonomía técnica y de gestión), los titulares serán nombrados (al igual que el presidente) por los diputados, por lo que se corre el riesgo de que se ubique a personas que respondan a los intereses de los partidos dominantes en el Congreso, dañando la legitimidad del Instituto como organismo ciudadano, imparcial e independiente.

Este es un punto tan delicado como la remoción de los actuales consejeros. Coparmex, desde un principio, se manifestó en contra de que fueran removidos: descabezar a las instituciones que con tanto esfuerzo hemos construido no es más que un retroceso en nuestra joven democracia. Ahora, esperamos que los consejeros que han promovido Amparos se mantengan firmes en la defensa de sus derechos y que no cedan a ningún tipo de presión.

El tema más sensible y que ha encontrado mayor rechazo en la sociedad es el excesivo gasto que se erogará en prerrogativas. Según los cambios aprobados, la fórmula para las actividades ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo vigente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Mientras que, para las actividades tendientes a la obtención del voto, durante el año en que se elijan Gobernador, diputados locales y Ayuntamientos, equivaldrá a un extra del 60 por ciento del financiamiento público que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados locales y Ayuntamientos, equivaldrá a un extra del 40 por ciento del financiamiento por actividades ordinarias.

Si conjugamos lo que será destinado en prerrogativas a los partidos, con el sueldo que recibirán los nuevos consejeros, así como la indemnización de los actuales consejeros, estaríamos hablando de más de 650 millones de pesos tan sólo en los próximos tres años.

Dicha cantidad resulta descomunal frente a las múltiples prioridades que tiene Jalisco. No es aceptable, bajo ningún argumento, que se pretenda quintuplicar el dinero que hasta ahora...

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