Fernando Guzmán/ Homologación salarial; exigencia social
| Autor | Fernando Guzmán |
Hace ya más de tres semanas que inició sus trabajos el Comité Técnico de Valoración Salarial, integrado mayormente por la sociedad civil a través de los representantes de las más importantes universidades en el Estado y de los tres Poderes. A dicho comité le fue encomendada la tarea de analizar y evaluar las percepciones de los servidores públicos de primer nivel de los tres Poderes del Estado y de los 124 Municipios, para que el próximo 31 de marzo emitiera sus primeras recomendaciones.
La Ley de Homologación que ordena la creación de este comité es la primera a nivel nacional e incluso se anticipó a la iniciativa que en esta materia acaba de presentar el coordinador de los Diputados federales del PAN, Felipe Calderón, en el Congreso de la Unión y responde al reclamo popular que en materia de sueldos existe a nivel nacional para regular las percepciones de los servidores públicos, que en diversos casos han resultado escandalosas, ya sea por las estratosféricas cantidades asignadas a algunos Alcaldes o por salarios insólitamente bajos en algunos otros, reclamo al que el Congreso del Estado de Jalisco ha sido sensible actuando con responsabilidad y con un profundo sentido democrático, al hacer partícipe en una tarea de estudio, análisis y elaboración de recomendaciones a la sociedad, de lo que por ley sólo le corresponde al Congreso y a los Ayuntamientos al presupuestar.
Una de las notas características de este comité es su integración plural e incluyente, buscando que sea la sociedad la que analice y evalúe las percepciones de los servidores públicos, si bien es cierto que dicho comité no cuenta con autoridad para fijar sueldos o para coaccionar y hacer válidas sus recomendaciones, ya que esta función está reservada al Congreso del Estado y a los Ayuntamientos, según el artículo 111 de nuestra Constitución y el 46 de la Ley para los Servidores Públicos, que contemplan el derecho de todo funcionario de recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función y señala que la misma deberá ser fijada anual y equitativamente por el Presupuesto de Egresos del Estado y de los Municipios. Aun así, como lo hemos repetido en varias ocasiones, los servidores públicos emanados del PAN acataremos las recomendaciones que dicho comité proponga, siendo congruentes con nuestros principios y valores.
En los últimos días se desataron una serie de cuestionamientos que han puesto en entredicho la legalidad y las funciones de dicho comité...
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