Alberto García Ruvalcaba / Amparo aeropuerto
| Autor | Alberto García Ruvalcaba |
Según el Presidente de la República, los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública, y la Cámara de Diputados, el aeropuerto de Texcoco no está cancelado. Tampoco fue reemplazado por otro aeropuerto en Santa Lucía. Así lo dijeron al Juez de Distrito que conoce el juicio de Amparo con el que combato la cancelación. Increíble, pero cierto.
Presenté mi demanda el 10 de enero y la compartí en redes sociales para que otros afectados la hicieran suya. Algunos lo tomaron ampliándola y mejorándola. La mayoría, pienso en el Colectivo #NoMasDerroches, consideró primer acto de aplicación el aumento de la Tarifa de Uso Aeroportuario decretada por el Gobierno federal para prepagar los bonos del aeropuerto cancelado. Mi opinión es que los contribuyentes somos los verdaderamente afectados por ese dispendio del erario, y por lo tanto el primer acto de aplicación fue la aprobación y desglose del Presupuesto de Egresos.
Los argumentos de fondo en los que fundé mi demanda, replicados en las que se basaron en ella, son fáciles de entender.
El aeropuerto de Texcoco es, de acuerdo con las leyes hacendarias, un proyecto de inversión plurianual, que por haber sido aprobado en los Presupuestos de 2015, 2016, 2017 y 2018, debió seguir financiándose hasta su conclusión. Esta garantía de financiamiento de proyectos que abarcan más de un ejercicio fiscal fue uno de los objetivos de la reforma a la Constitución de 2008, para brindar certidumbre y eficiencia a la inversión pública.
Cercano al argumento anterior está el de la racionalidad del gasto público, introducido también en la reforma constitucional de 2008. Según esta garantía, las autoridades hacendarias tienen la obligación de ejercer el gasto público conforme a principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez. Las leyes secundarias regularon estos principios exigiendo a las autoridades el uso de instrumentos racionales de planeación y evaluación, como los análisis de costo-beneficio económico y social. El caso es que el cambio de aeropuertos debió ser justificado mediante un análisis comparativo que no existió, y que no puede existir porque, estimo, no puede justificarse racionalmente.
Hay otros argumentos (consulta espuria, falta de viabilidad de Santa Lucía, etc.), pero aquellos son, en mi opinión, los principales. Como se puede advertir no es relevante la ubicación del aeropuerto, sino la falta de continuidad de un proyecto viable ya...
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