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Alberto García Ruvalcaba / Rescatar el aeropuerto de Texcoco

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Vincent
AutorAlberto García Ruvalcaba

La cancelación del aeropuerto en Texcoco costará entre el 4 y el 8 por ciento de la recaudación fiscal de 2017. Los afectados no son los empresarios, como lo argumenta el próximo Presidente, sino los contribuyentes. No representa un golpe al "poder económico", como alardea en un claro non sequitur, sino uno propinado a los contribuyentes que se desprenden de su patrimonio para colaborar con el gasto público. A los empresarios que participan en su construcción se les pagará con el dinero que todos aportamos a las arcas públicas. Por eso no debemos esperar que ellos emprendan ninguna defensa legal de esa decisión administrativa que derrocha recursos públicos.

La irracional decisión de López Obrador de abortar un proyecto cuyo costo de cancelación es semejante a su costo de terminación, además de irracional, es ilegal por varias razones. La más patente es que está motivada en una consulta hecha al margen de la ley, de las instituciones y carente del más elemental rigor metodológico. Pero también porque viola la arquitectura legal del ejercicio del gasto público y sus prolijos procedimientos. Ningún Poder, Secretaría o entidad pública de la República tiene facultad discrecional absoluta para ejercer el presupuesto. Mucho menos para abortar un proyecto plurianual meticulosamente planeado y con un grado de ejecución tan avanzado como el del aeropuerto de Texcoco. Nuestra Constitución exige que los recursos públicos se administren con "eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados", y para asegurarse de que eso se ocurra el Congreso ha promulgado numerosas leyes.

Creo que todos los contribuyentes tenemos el interés legítimo para acudir al juicio de Amparo para combatir la inconstitucionalidad de la orden ejecutiva de abortar el aeropuerto. Somos los realmente afectados de ese despilfarro. En ese juicio, los titulares del Ejecutivo o de la Secretaría de Hacienda deberán justificar las razones y fundamentos de su decisión, y entre ellas deberán mencionar que está motivada en la voluntad popular...

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