Aprieta la SFP a ex delegado
| Autor | Claudia Guerrero |
MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública abrió siete investigaciones contra el que fuera el súper delegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien podría enfrentar cargos por cohecho, enriquecimiento oculto, conflicto de interés y tráfico de influencias.
Las indagatorias se dieron a conocer tres días después de que el ex funcionario presentó su renuncia, en medio de señalamientos y acusaciones por la operación de una red de empresas de su propiedad que se han beneficiado de contratos públicos para la compra de medicamentos.
Ayer, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó que las pesquisas, iniciadas desde el pasado 22 de mayo, podrían derivar en sanciones de carácter administrativo, pero también penal.
"La Secretaría tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares", dijo.
"De esas siete investigaciones que hoy reportamos, cuatro se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y tres más se realizan sobre las conductas contrarias a la legalidad, posiblemente atribuibles al investigado que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios".
-¿Todo es materia administrativa, nada penal?, se le preguntó.
-"No, no, no, también derivado de nuestras investigaciones podríamos dar también vista a autoridad penal competente".
Desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que las indagatorias contra Lomelí fueron realizadas por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace casi dos meses.
Sin embargo, reconoció que fue hasta el pasado 8 de julio cuando se pidió al coordinador de los superdelegados de todo el País, tomar "medidas preventivas", lo que derivó en la renuncia de Lomelí, presentada cuatro días después.
"A través de un oficio, fechado el 8 de julio de 2019, y por instrucciones del señor Presidente de la República informamos al licenciado Gabriel García Hernández de nuestras investigaciones y de la necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas", señaló.
Sandoval detalló que, para realizar las indagatorias, se recabó información de las secretarías de Hacienda, Salud y Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y las contralorías de cinco estados de la República.
Explicó que, con base en los primeros hallazgos, se puede determinar que "podrían llegar a actualizarse conductas" para ser sancionadas con base en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley...
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