EN EL DE BATE / Eficacia vs. la corrupción
Rocío Corona Nakamura
Jalisco es un Estado privilegiado, por su pueblo, historia y recursos naturales. Las tradiciones fincadas en los valores, la convivencia y solidaridad, así como el entrañable amor a nuestra tierra, deberían por sí solos garantizarnos un futuro promisorio en el desarrollo social y cultural; sin embargo, hay una nube oscura que ensombrecerse y pone en peligro nuestro proyecto como Estado: la corrupción.
Aunque se han hecho grandes esfuerzos por controlar la corrupción y elevar los niveles de calidad de la función pública, la inmoralidad de los malos servidores públicos sigue afectando gravemente el buen desempeño del gobierno.
Ese monstruo de mil cabezas deja ver su capacidad depredadora en la succión de recursos públicos, la invalidación de oportunidades y el reguero de injusticias que lastima a nuestra comunidad.
No podremos superar los retos de nuestro tiempo si no acabamos de raíz con el cáncer de la corrupción. Es la antítesis de las virtudes políticas: de la honestidad, la austeridad y el compromiso social.
La corrupción suele producir un efecto mariposa. Se vende la legalidad al mejor postor, pero las consecuencias no se frenan. Para acabar con la corrupción, que no distingue colores ni preferencias partidistas, fue preciso que Jalisco se sumara a la estrategia nacional para el combate a la corrupción.
El Congreso del Estado da vida al Sistema Estatal Anticorrupción, con un Fiscal anticorrupción que se elegirá a través de una convocatoria abierta y pública a la sociedad, avalada por el Comité de Participación Social, y de los mejores perfiles el Gobernador propondrá una terna al Legislativo. Un Fiscal anticorrupción autónomo, fuera de vaivenes políticos, dedicado a la investigación y persecución de los delitos cometidos por los servidores públicos. Su misión será echar a la cárcel a los corruptos.
Las contralorías se transforman en órganos internos de control, pero ahora con facultades puntuales para indagar y castigar las faltas administrativas no graves.
Se crea el Tribunal de Justicia Administrativa para sancionar faltas administrativas graves de servidores públicos y particulares que intervengan en actos de corrupción; a estos últimos se les impondrá inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública; e inclusive la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad...
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