Dan pocos pasos vs. la inseguridad
| Autor | Enrique Osorio |
Entre planes pendientes, estadísticas puestas en duda y un discurso que habla de la contención del delito, en medio de un ambiente de violencia, han pasado los primeros 100 días del Gobernador Enrique Alfaro.
La Administración que inició el pasado 6 de diciembre llegó con el diagnóstico de instituciones como la Fiscalía del Estado (FE) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) rebasados, por lo que en los planes estaba reforzar ambas dependencias.
Si bien consiguieron aumentar un poco sus presupuestos, principalmente para contratar a más personal, hasta el momento no han crecido las plantillas y podrían tardar dos meses más en hacerlo, según reconoció el propio Gobernador el lunes.
Este año, la FE recibió 2 mil 248.8 millones de pesos y 300 millones de pesos adicionales para emplear al menos a 300 personas más en diversas áreas, mientras que el IJCF recibió 30 millones de pesos más que en 2018, es decir, en total tiene 208.8 millones de pesos para 2019.
El Gobierno de Alfaro también acusó que la anterior Administración priista maquilló estadísticas delictivas, principalmente de delitos patrimoniales.
Se afirmó que se publicarían las cifras de años pasados, ya corregidas, en el portal de la FE y que habría consecuencias, pero a dos meses de haber revelado esto, no han hecho ninguna de las dos.
En incidencia delictiva, el Gabinete de Seguridad ha presentado tres cortes estadísticos, el más reciente apenas el pasado lunes, en donde en una comparativa de 28 días, entre el 7 de febrero y el 6 de marzo, con 31 días, del 7 de enero al 6 de febrero, se dijo que iban a la baja.
Los robos de automóvil pasaron de mil 649 a mil 478; los robos a casa de 709 a 663, mientras que los hurtos a cuentahabiente bajaron de 77 a 59.
En una comparativa entre los últimos 100 días del ex Gobernador Aristóteles Sandoval y los primeros 100 de Alfaro, la tendencia en homicidios ha aumentado, pues en el periodo citado del primero sumaron 760 casos, mientras que en el del segundo, van 791 víctimas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y un conteo de casos realizo por MURAL.
En el caso del Escudo Urbano C5, en donde la Contraloría del Estado hizo 11 observaciones por los 895 millones de pesos que se invirtieron, no ha habido consecuencias.
También falta renovar el reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública; más puntos de denuncia, crear la Policía Metropolitana y un organismo penitenciario descentralizado.
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