David Gómez-Álvarez / Pensar mal del Poder Judicial

AutorDavid Gómez-Álvarez

Es un secreto a voces que en el Poder Judicial del Estado muchos Magistrados y Jueces tienen padrino: responden a algún personaje de la política que en su momento fue determinante en su designación. Es común escuchar que tal Juez es del diputado fulano y que tal Magistrado es del ex Gobernador perengano. De ahí que una de los bromas de pasillo en Ciudad Judicial sea que lo primero que debe hacerse es "deschemizar" a los Magistrados (en alusión al panista Chema Martínez, uno de los personajes que más ha influido en los nombramientos) y que no es otra cosa que la despartidización de un poder público en la que todos los partidos políticos han metido su cuchara.

Lo que no es un secreto a voces, sino una reclamo ciudadano cada vez más dolido, es la falta de independencia en la impartición de justicia que tiene su origen en la ilegitimidad de los nombramientos de Magistrados. Nadie confía en el Congreso del Estado para realizar dichas designaciones: Legislatura tras Legislatura, los diputados se han empecinado en nombrar no a los mejores, sino a sus más cercanos. Siempre se ha privilegiado la lealtad sobre la capacidad. Lo mismo ha sucedido con el Consejo de la Judicatura, que es un reflejo fiel de la máxima política del reparto de "cuotas y cuates".

Ahora que se nombrarán a seis nuevos Magistrados muchos ven un botín político a repartir. En este contexto de oportunismo es que el diputado Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, hizo una propuesta que amenaza con seguir defendiendo, aunque simplemente es indefendible: darle mayores facultades al Poder Ejecutivo en la designación de Magistrados, es decir, a su jefe político el Gobernador. Ya el mismo Gobernador desechó la propuesta por inoportuna, pero resulta desconcertante que sea el operador del propio Gobernador en el Congreso quien hiciera un saque tan desatinado.

El descrédito de los diputados para ejercer su facultad de designación de otros titulares -tanto del Poder Judicial como de organismos constitucionales autónomos- es tal que han tenido que claudicar a dicha responsabilidad, concediendo en parte a la sociedad civil una mayor participación. Así, por ejemplo, los mecanismos de selección -como los impulsados por el Comité de Participación Social del...

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