EN EL DEBATE / Blindaje de campañas

Lourdes López

Ya se ve la complejidad de las elecciones federales y locales del año próximo: ronda el fantasma del abstencionismo y a éste se suman los previsibles efectos de una severa crisis económica y el clima de inseguridad que se vive.

Un coctel explosivo que pudiese debilitar aún más a nuestras instituciones políticas y es por eso que se busca "blindar la elección".

En este contexto asiste la razón a Leonardo Valdez, consejero presidente del IFE, cuando afirma que no es competencia de ese organismo combatir el narcotráfico.

El IFE, como depositario de la autoridad electoral, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones: ni menos, ni más. Y aunque uno de sus fines es garantizar la celebración periódica y pacífica de los comicios para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, eso no le proporciona atributos especiales para incidir o modificar el ambiente en que se realizan las campañas electorales y elecciones. En todo caso, quienes tienen que hacerse cargo del clima político y electoral son los partidos.

En el marco de un sistema electoral centrado en la equidad de la competencia y no en la calidad de la representación por mandato constitucional, los partidos políticos gozan de un régimen de privilegio: sólo entre ellos se distribuye la representación; reciben financiamiento público para evitar compromisos por la vía de la compra-venta de voluntades; los cargos de elección son ocupados exclusivamente por los candidatos que postulan y el espacio público está impregnado de sus permanentes disputas y estrategias para obtener, ejercer y mantener el poder.

Gracias a la equidad en la competencia hay una representación plural. Todos participan de la decisión pública, con mayor o menor presencia los partidos políticos gobiernan y, por lo tanto, también son responsables del clima de inseguridad que prevalece.

Por eso es preocupante que para los comicios del 2009 se pretenda un acuerdo entre partidos para evitar que a las campañas electorales llegue dinero ilícito, particularmente del narcotráfico.

El retroceso es evidente y alarmante. Antes se identificaron como fuentes ilegales de financiamiento los recursos aportados por sindicatos o provenientes del extranjero.

Igual o más escandalosa, aunque sin sanción, fue la revelación de las elevadas aportaciones de un particular a una causa política. Esos casos parecen juegos de niños frente a la presunción de que dinero del...

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