En el Debate / Fuerza pública, ¿recurso político?
| Autor | Héctor Raúl Solís-Gadea y José Luis Mastretta Galván |
Héctor Raúl Solís-Gadea
La solución al conflicto no surgirá aplicando la fuerza pública. Quienes piensan lo contrario pueden invocar al imperio de la ley o al urgente retorno de la normalidad en Oaxaca, y argumentar que la violencia es un recurso legítimo a disposición del Estado. Otros incluso pueden conceder que el uso de la fuerza estatal es indeseable en sí mismo, aunque añadirán que es un instrumento válido cuando el costo de no utilizarlo es mayor al que implica la inacción.
Una idea que también podrían utilizar es que si se aplica con precisión quirúrgica y respeto a los derechos humanos, castigando legalmente a los responsables de delitos cometidos, el uso de la fuerza podría reconducir la protesta oaxaqueña por los cauces institucionales adecuados.
Algunos más podrían apropiarse de las palabras del vocero del PRI, Carlos Flores Rico, diciendo que la salida del Gobernador Ulises Ruiz "no es negociable" y calificar a los sectores movilizados de "grupo sedicioso, radical, extremo, que merece castigo y todo el peso de la ley". Existe aún otro argumento más pragmático: si cae el Gobernador se enviará un mensaje de debilidad que podría ser aprovechado por grupos radicales de otras entidades de la República.
Esta clase de razones no atiende varias consideraciones: 1) Los fusiles y garrotes provocan muerte y sentimientos de agravio, pero de ningún modo entendimiento mutuo. La violencia del Estado puede ser legítima en algunas circunstancias; pero, en todo caso, se trata de una legitimidad que se construye con argumentos válidos y ante hechos que descarten otras respuestas.
2) Hay que distinguir entre fuerza y poder; la primera es el recurso de quien ha perdido la capacidad de concertación para conciliar voluntades diversas; el segundo, en su verdadera esencia, es producto del acuerdo razonado entre sujetos que se respetan entre sí y que deciden actuar para lograr propósitos compartidos. En este sentido, hace tiempo que las autoridades formales de Oaxaca han perdido el poder; si hoy el Estado usa su fuerza para apuntalarlas actuaría de forma antipolítica, es decir, no recobraría el poder como aquí se define.
3) Son muy escasas las probabilidades de éxito (limpieza quirúrgica, respeto a la ley y a los derechos humanos) en una operación de la envergadura necesaria para liberar la ciudad de Oaxaca y las decenas de Municipios tomados por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; lo más probable es que se generalice un estado de beligerancia...
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