En el Debate / Impuesto a la gasolina

AutorAmado Villarreal González y Jorge Gavarre Silva

Amado Villarreal González

Un impuesto a las gasolinas no es una medida popular, y seguramente tampoco es del todo eficiente en términos de incrementar la competitividad de los sectores productivos. Sin embargo, ¿de dónde, este país puede obtener los recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades apremiantes de los próximos años, por ejemplo en infraestructura, gasto social y educativo?

La reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo trae un conjunto de propuestas que, en el aspecto técnico-económico, muestran una gran creatividad. Se logra montar un esquema fiscal sobre otro y tratar de disminuir la elusión y evasión fiscal; es el caso del CETU ahora IETU, Impuesto Empresarial de Tasa Única. A este nivel de complejidad se ha tenido que llegar para hacer cumplir con la obligación de pagar impuestos que tenemos todos los mexicanos, y que en realidad hay un gran número de contribuyentes que no lo hacen, por diferentes razones, pero cualquiera de ellas injustificadas a la luz de ser ciudadanos de este país.

Producto en parte de esta dificultad por generar los ingresos que el País requiere, surgen otras medidas, como el impuesto adicional a la gasolina, que en el pasado representó el último recurso del Gobierno federal para hacerse de los recursos faltantes que la miscelánea fiscal no podía traer por la no anuencia del Congreso a todas sus propuestas.

Sin embargo, esta medida difiere de las alzas a la gasolina que se daban en el pasado en el sentido de que se le desea dar un destino a los recursos, en este momento dirigidos a los Gobiernos estatales. Un impuesto a las gasolinas incrementa el costo de todas las actividades productivas del País y tiene un impacto inflacionario ahora diluido en 18 meses, pero es importante mencionar que efectivamente grava a los mayores usuarios de la infraestructura carretera federal y estatal, así como de calles y caminos en ciudades y comunidades.

El uso de estos combustibles incrementa la contaminación. ¿Quién deberá pagar por este daño ambiental, o bien, quién deberá de aportar los recursos para generar infraestructura que controle, regule y aminore los efectos nocivos de la contaminación? Una respuesta es gravar a quien más usa y deteriora la infraestructura, o bien a quien contamina más, y es en estos dos sentidos que es factible aplicar un impuesto a la gasolina, ya que el gravamen se aplica en mayor medida a quien más consume el combustible y genera externalidades ambientales que se deben...

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