EN EL DEBATE / 'Justicia' ciudadana

David Coronado

Durante los últimos meses en todo México han sido vinculadas dos noticias: el vigilantismo y los linchamientos. El vigilantismo es la seguridad asumida por los habitantes de un espacio delimitado, porque el gobierno, por distintas causas, no lo ha hecho. Y ha sido vinculado con los linchamientos, cuyo núcleo es el castigo a los delincuentes o la ejecución de la justicia por propia mano.

Un linchamiento puede tener escasos participantes o grupos multitudinarios, altamente ritualizado o espontáneo, pero siempre castiga. De acuerdo con el estudio Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014) de Rodríguez Guillén, de la UAM, en los últimos 26 años se registraron 366 casos de linchamientos a lo largo de la República Mexicana. Además, coincide con explicarlos por la ausencia de las autoridades y el resquebrajamiento institucional.

Por su parte Antonio Fuentes, de la BUAP, en su artículo incluido en el libro argentino Tiempos Violentos. Barbarie y decadencia civilizatoria, señala que desde los años ochenta hasta el 2011, ocurrieron cerca de 785 linchamientos; es decir, más del doble de los señalados por Rodríguez Guillén. Fuentes añade a la explicación del fenómeno, además de la ausencia o ineficiencia de las autoridades y las instituciones, el aumento y la espectacularización de la violencia en general y la depreciación del cuerpo por efectos de la economía neoliberal. Si a su modelo le sumamos los factores del aumento de los homicidios, la guerra contra el narcotráfico, dejar la vigilancia en manos ciudadanas y la pobreza presente en los contextos sociales de los linchadores, entenderíamos su repunte y desarrollo actual.

En efecto, la proliferación de los linchadores revela una serie de condiciones sociales caracterizadas por la vulnerabilidad de sus segmentos poblacionales, que son cada vez más numerosos, con una vida incierta y plagada de miedo, a lo que se suma la fragmentación social e institucional; lo que es más grave todavía, porque los ciudadanos buscan el sentido de su vida en otras acciones y actividades cada vez más lejos de las instituciones.

El vigilantismo vecinal no es ilegal, aunque tampoco legal. Es una frontera que absorbe en sus propias condiciones de existencia elementos de los dos espacios delimitados; sus características serían las de la construcción de un sistema de vigilancia paralegal; el Estado incumple los derechos humanos y otorga las condiciones de expresión de esa paralegalidad.

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