EN EL DEBATE / Códigos de ética: espíritu sin cuerpo

Juan José Bañuelos Guardado

La Constitución Política del Estado y las leyes establecen las atribuciones, facultades y obligaciones del Ejecutivo estatal, así mismo, este conjunto normativo define y autoriza las funciones de la administración pública. Para el Gobierno y la Administración sólo es permitido hacer lo que manda la ley.

Los objetivos del Gobierno nacen de las necesidades de la sociedad, están concebidos en función de proporcionar un mayor bienestar a los jaliscienses. Traducir las ideas en acciones, las acciones en resultados y los resultados en soluciones, impone a la Organización Estatal el ejercicio de la planeación, programación y ejecución del gasto. Al mismo tiempo, la Administración emprende las acciones necesarias para proporcionar soluciones a los requerimientos sociales. Para su mejor funcionamiento, los diversos organismos que integran la Administración pública deben comunicarse, coordinarse y actuar de esta manera, producir resultados. Verificar que los resultados sean consecuentes con los objetivos es la tarea que caracteriza las funciones de control.

Los servidores públicos somos, entonces, responsables del buen funcionamiento de la Administración estatal, nos corresponde la ejecución de planes y programas, así como el buen manejo de los recursos estatales y de los resultados de la Administración pública.

Los servidores públicos constituimos una estructura compleja de relaciones formales, donde las diversas especialidades y la jerarquía nos configuran como un conjunto humano con responsabilidades trascendentes; desafortunadamente, en los últimos años estas responsabilidades fueron abandonadas, y la administración pública se ha venido convirtiendo en una organización que disfruta de privilegios indebidos...

Nombrados para ejercer diversas funciones del quehacer público, los servidores públicos aportamos formación, capacidad, conocimiento y espíritu de servicio, condiciones necesarias para garantizar el productivo funcionamiento de la organización pública y la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

Ciertamente, el conocimiento, la capacidad y la formación profesional de los servidores públicos debiera garantizar el adecuado funcionamiento de la Administración y la satisfacción de los problemas de la sociedad, pero los tiempos que vivimos han evidenciado la práctica de conductas negativas que estimulan el privilegio de unos cuantos y generando inconformidad social.

La mala calidad y elevado costo de obra...

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