Diego Valadés / Concordia
| Autor | Diego Valadés |
El poder implica la capacidad de imponer una conducta o una abstención a otro, quien a su vez puede obedecer, resistir o reaccionar. Cuando las relaciones de poder están bien reguladas, el que manda debe hacerlo conforme a procedimientos estandarizados y los destinatarios disponen de medios para inconformarse.
Eso sucede en el mundo del derecho, pero el poder además transcurre en el ámbito de la política, donde muchas reglas son convencionales. La política, como una técnica para conquistar y ejercer el poder, tiene un contenido agonista, o de lucha, que condiciona a los protagonistas. Cómo combatir en política es parte de las múltiples decisiones que complementan las previsiones normativas. Pero el poder político tiene también una vertiente concordadora, opuesta a la pugnaz, que permite conciliar, acordar y compartir. En todos los sistemas el poder jurídico es concentrado porque corresponde al ejercicio de la coacción; en cambio el poder político es monopólico en las autocracias y plural en las democracias.
Con motivo de la desconfianza entre y ante los actores políticos, se han querido imponer criterios jurídicos para limitar algo tan fluido como las relaciones de esos personajes. Se pasa por alto que en los sistemas verticales la conducta política se adecua a fórmulas rígidas, en cambio esto es inviable en las sociedades de libertades.
Un Estado constitucional fija reglas para el acceso y el ejercicio legítimo del poder, pero en la interacción entre los titulares del poder, y de estos con los destinatarios, cuentan asimismo las buenas prácticas democráticas.
El enfrentamiento entre quienes buscan o desempeñan el poder es una tendencia espontánea, casi instintiva. La cooperación entre contendientes se plantea como una combinación razonable de ventajas y concesiones recíprocas mediante las que cada parte ajusta sus expectativas. Este tipo de acuerdos exige al menos dos cosas: confianza, incluso entre los adversarios, y responsabilidad ante la sociedad a la que se sirve.
La reforma del Estado fue objeto de un sistemático rechazo por parte de quienes encabezaron el gobierno federal en las dos últimas décadas. Entre los avances conseguidos a pesar de esa resistencia figura la introducción, en 2014, del principio constitucional del gobierno de coalición, por virtud del cual el Presidente de la República puede construir una mayoría pactada en el Congreso, en torno a un programa común. Esta opción no resultó necesaria...
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