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Disputan las formas valoradas

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Vincent
AutorVania Citlalli de Dios y Raúl Muñoz

Pese a que la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco no prevé que los diputados tengan la atribución de vender las formas y recibos oficiales para recaudar impuestos, los legisladores exigen dicho ingreso basándose en la Ley de Fiscalización Superior y la Auditoría Pública.

Por hacerse cargo de vender dicha papelería al Poder Ejecutivo y a los Municipios, el Congreso del Estado recibe, en promedio, al año cerca de 110 millones de pesos y es el único ingreso propio que tiene el Legislativo.

El destino final de este recurso ha sido para ampliar discrecionalmente las partidas de las coordinaciones parlamentarias, antes conocida como partida 8000, la cual se han negado a transparentar los legisladores.

La Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública de Jalisco prevé en su artículo 51 que las formas valoradas -que son los únicos recibos oficiales para comprobar los gastos- deben adquirirse en el Congreso.

Las formas valoradas incluyen recibos de predial, agua potable y alcantarillado, licencias municipales y certificación de actas de nacimiento, entre otras.

La disputa entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo por la venta de esta papelería llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante la pretensión del Congreso de ser el único autorizado para venderlas, los diputados incluyeron en la Ley de Ingresos del 2011 una disposición en la que se obliga a todos los órganos que recaudan contribuciones a comprarle al Legislativo dichas las formas.

Esto, porque los legisladores estaban recibiendo el recurso por las formas valoradas, pese a que su costo ni siquiera estaba previsto en la Ley de Ingresos, hasta este año.

Por ello, el Gobernador Emilio González Márquez promovió la controversia el 19 de febrero.

La disputa entre ambos Poderes comenzó desde el año pasado, cuando cada uno imprimía por su cuenta los recibos, lo que llevó a que en agosto del 2010 los diputados aprobaran interponer una denuncia contra el entonces Secretario de Finanzas del Estado, José Luis de Alba, y la directora de ingresos, Ruth Jiménez Sánchez, por imprimir formas valoradas por su cuenta.

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