Divide a Arizona ley antimigrante
| Autor | Luis Enrique Pacheco |
MURAL / México
MÉXICO.- El pasado 10 de noviembre, el Consejo de la Ciudad de Phoenix, Arizona, aprobó la ordenanza S-31518, que autoriza a la Alcaldía a defender e indemnizar, en su caso, a los empleados públicos locales que se vean involucrados en procesos judiciales relacionados con la llamada Proposición 200.
"La inmediata puesta en práctica de esta ordenanza es necesaria para la preservación de la paz pública, la salud y la seguridad", señala el texto.
Se trata de sólo una muestra de las reservas con las que muy diversos sectores de Arizona reciben el Acta de Protección a los Ciudadanos y Contribuyentes (Proposición 200), aprobada en plebiscito el 2 de noviembre con 56 por ciento de votos a favor, y que contempla sanciones para los funcionarios que otorguen beneficios sociales sin verificar la situación migratoria de los solicitantes.
La medida afecta de manera particular a los indocumentados mexicanos, cuyo número en Arizona se estima en más de 300 mil.
El acta adquirirá carácter de ley una vez que concluya la certificación de los votos, el próximo 22 de noviembre, y que la Gobernadora Janet Napolitano -quien se pronunció en contra del proyecto- emita la declaración correspondiente.
La Proposición 200 establece que cualquier agencia estatal o local que administre beneficios sociales deberá a exigir a sus empleados que elaboren un reporte escrito a las autoridades federales de inmigración en caso de descubrir cualquier violación a las leyes en la materia por parte de un solicitante.
En caso de no elaborarse el reporte, advierte, el empleado, y en su caso el supervisor respectivo, incurrirán en un delito.
El Procurador General de Arizona, Terry Goddard, emitió el 12 de noviembre una opinión oficial sobre las implicaciones de la entrada en vigor de la medida.
Concluyó que la nueva ley sólo será aplicable a los programas de bienestar social (welfare) incluidos en el Título 46 de los Estatutos de Arizona -como apoyos para desempleados, vales de alimento, albergue para niños y atención a adultos mayores, entre otros-, administrados por autoridades estatales y locales, y no a los federales.
De acuerdo con un comunicado, recordó además "que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 1982 que todos los niños, incluyendo inmigrantes indocumentados, tienen derecho de asistir a las escuelas públicas desde el kinder hasta el doceavo grado".
Preparan impugnación
Para Héctor Villagra, abogado del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y...
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