Documenta CNDH otro abuso militar
Autor | Daniela Rea |
MÉXICO.- Elementos del Ejército mexicano detuvieron y retuvieron ilegalmente a 23 policías de Tijuana y a dos civiles, a quienes además torturaron física y emocionalmente para autoincriminarse o acusar a otros compañeros de formar parte de la delincuencia organizada, según comprobó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Un año y medio después de la detención fueron liberados 13 policías por falta de pruebas en su contra y el resto continúa bajo proceso.
En su recomendación 87/2011, la CNDH señaló que entre el 21 y 31 de marzo de 2009, cuando Julián Leyzaola era jefe de la policía de Tijuana y bajo su anuencia, 23 policías de su corporación fueron detenidos con engaños y sin ningún tipo de orden judicial.
Posteriormente fueron trasladados al cuartel militar conocido como El Aguaje, donde fueron retenidos entre 3 y 39 horas de manera ilegal, antes de ser arraigados a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Mientras estuvieron retenidos, los policías y los dos civiles fueron incomunicados y sometidos a un catálogo de tortura que incluyó golpes en los pies con tablas de madera, además de que les cubrieron el rostro con bolsas de plástico, les vertieron agua en nariz y boca para provocar asfixia, les dieron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo incluidos los genitales, los amenazaron de muerte y una oficial detenida sufrió además abuso sexual.
Las víctimas también acusaron que al rendir su declaración ministerial no fueron asistidos por el defensor público y en algunos casos ni se les permitió solicitar abogado particular.
En su investigación, la Comisión comprobó que elementos militares incurrieron en detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura; mientras que ministeriales de la PGR también participaron en la en la retención ilegal. Esto provocó violaciones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad y libertad personal.
En su recomendación, la CNDH hizo una acusación particular a Marisela Morales, titular de la PGR, porque la institución obstaculizó la investigación de las violaciones a los derechos de los detenidos, al no permitir acceso a peritajes médicos.
Además de que Silvia Vázquez y Blanca Mesina, activistas que asumieron la defensa de los policías sufrieron amenazas de muerte y no recibieron...
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