Eduardo Mestre / Agua: bien público o privado

AutorEduardo Mestre

El agua es un bien de la Nación. Es entonces un bien público de enorme interés social. Estos conceptos, en términos generales, existen en un gran número de países en el orbe. El acceso al agua es un derecho humano inalienable. Como tal, entonces, el agua no puede ser considerada intrínsecamente como una mercancía. Más aún, el comportamiento del agua como un bien económico es sui generis y ha obligado a darle, por ese motivo, un tratamiento especial puesto que no se rige bajo las mismos conceptos que otros bienes de consumo o satisfactores.

Parecería que el agua, intrínsecamente, no posee un valor, pero dada su escasez posible en el tiempo y en el espacio geográfico, sí adquiere valores que se reflejan en términos de costo de oportunidad y competencia por el líquido entre diversos usos y usuarios.

Si bien el acceso al agua es un derecho, el acceso a los servicios de agua conlleva costos diversos que naturalmente hay que pagar. Los anteriores son dos conceptos que deben distinguirse nítidamente.

Los costos por el acceso a los servicios de agua corresponden a la amortización de las inversiones realizadas (que en países pobres, en múltiples casos son subsidiadas, es decir, son costos que asume el Estado o cooperantes internacionales, en el afán de facilitar el acceso a los servicios de agua a los menos favorecidos económicamente), así como a los costos de operación -Vg. energía eléctrica, reactivos químicos para potabilización, entre otros-, de administración y de mantenimiento.

La tesis básica es que los usuarios de las aguas en un sistema de abastecimiento de una población, para acceder al líquido, deben pagar dichos costos. Eso no quiere decir, en sociedades con considerables proporciones de pobreza como en África y América Latina, que todos los habitantes, aún los más pobres, deban pagar plenamente por los costos de acceder al servicio de agua. En sentido inverso, tampoco implica que el acceso a los servicios de agua deba ser totalmente gratuito para los más pobres. En esos dos conceptos subyace la figura de brindar subsidios especiales a los que menos tienen, para acceder al agua a precios modestos, pero sin que ello implique dejar de pagar aunque sea una parte de los costos. De esa manera, los usuarios responden con conductas de racionalidad en el empleo del agua y adquieren la conciencia de que el servicio del agua tiene un costo y que el Estado no fue concebido como responsable de pagar por ese costo. En esta última aseveración radica...

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