Eduardo R. Huchim / BC: la truculenta reforma
| Autor | Eduardo R. Huchim |
El 1 de junio de 2019, el presidente del Congreso de Baja California, Benjamín Gómez Macías, denunció en Ensenada que dos funcionarios federales le ofrecieron un millón de dólares por organizar a un grupo de legisladores estatales que aprobaran una reforma a la Constitución local que permitiera ampliar el periodo del próximo gobernador.
El legislador dijo entonces a Proceso que había rechazado la ilegal oferta, extensible a cada diputado que aceptara, y mencionó los nombres de dos funcionarios: Ricardo Peralta Saucedo, ex director de Aduanas y actualmente subsecretario de Gobernación, y Alejandro Miramontes Armenta, director de la Aduana en Mexicali. (https://bit.ly/2JHXfAs).
¿Dijo la verdad el diputado? ¡Chi lo sa! El hecho es que poco más de un mes después, el 8 de julio, el Congreso bajacaliforniano aprobó una reforma constitucional que extendió de dos a cinco años el periodo del hoy Gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, en una acción que, con justeza, ha merecido repulsa generalizada.
La truculenta reforma, intentada varias veces antes de la elección y realizada cuando ésta ya se había efectuado, fue votada por el mismo denunciante, Gómez Macías, y por otros 20 diputados. En la sesión respectiva, sólo uno de los presentes no sufragó a favor y anuló su voto: Miguel Osuna Millán. Otros tres legisladores, del total de 25, no asistieron.
La reforma, que implica una norma privativa prohibida por la Constitución y que difícilmente podrá materializarse, vulnera la Constitución estatal, inaplica principios constitucionales y electorales, desacata sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, atropella escandalosamente a la democracia y al Estado de Derecho... Fue el resultado de una operación dirigida por el presunto secretario general del próximo gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ex priista a quien se le atribuye experiencia en maniobras reñidas con la ley, particularmente de tipo comicial.
El semanario Zeta, dirigido por Adela Navarro Bello, publicó en su número del 12 de julio un detallado reportaje en el cual sostiene que la seguridad de tener un auditor superior que le cubra la espalda al gobernador y a los diputados de la 22 Legislatura, además de una promesa de impunidad, es lo que se puso sobre la mesa para aprobar la reforma constitucional. A cambio de su voto -añade-, "algunos diputados solicitaron dinero, otros, impunidad" (https://bit.ly/2Y3FnsR).
En Baja California se tiene la...
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