Eduardo R. Huchim / Cobijo temporal a El Bronco

AutorEduardo R. Huchim

Miguel Ángel Granados Chapa partió hace 8 años de la Plaza Pública.

En una de sus últimas acciones importantes como ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora admitió la controversia constitucional planteada por el gobernador nuevoleonés, Jaime Rodríguez Calderón, y le concedió una suspensión que, en palabras llanas, establece que el Congreso de Nuevo León no podrá sancionarlo mientras la controversia esté sin resolver, si bien el procedimiento sancionador puede continuar.

Importa tener presente que la Corte aún no le ha dado la razón al mandatario estatal y si bien la suspensión lo protege temporalmente, tal medida se otorga fundamentalmente para preservar la materia de la controversia. Esta materia desaparecería si la sanción fuera impuesta antes de la resolución definitiva de la Corte. Es decir, no hay exoneración aún para El Bronco.

Llegado al gobierno de Nuevo León por la vía no partidaria o independiente, Rodríguez Calderón, El Bronco, es un infractor de la ley y de la buena política. Buscó la postulación presidencial sin renunciar al gobierno de Nuevo León, como debió haberlo hecho, y durante casi dos meses de 2017 tuvo la doble condición de gobernador y, a la vez, de aspirante a candidato presidencial.

En busca de esa postulación, El Bronco utilizó recursos del gobierno de Nuevo León, con la participación del secretario general y luego gobernador interino, Manuel Florentino González Flores. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE acreditó que 595 servidores públicos le reunieron, en días y horas hábiles, apoyos ciudadanos necesarios para obtener la candidatura presidencial.

El asunto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya Sala Regional Especializada, que no tiene atribuciones para imponer directamente una sanción al mandatario, le ordenó al Congreso nuevoleonés que la fijara. En acatamiento de esa orden, avalada por la Sala Superior del TEPJF, el Congreso inició el procedimiento de sanción, mediante la instauración de las normas procesales para ese fin. En ese documento, elaborado por la Comisión Anticorrupción del Congreso, se incluyen las posibles sanciones para El Bronco y Manuel González: apercibimiento; amonestación; multa; destitución, y/o inhabilitación.

En la controversia constitucional se combaten las atribuciones del Congreso para sancionarlos, y aunque hay tesis de jurisprudencia que apoyan la vía determinada por el TEPJF, es posible que la Corte le...

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