Endurecen la 'mordaza' en Chiapas
| Autor | María Teresa del Riego |
MURAL/Corresponsal
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- Cometer delitos de difamación o calumnia en el Estado de Chiapas puede costar entre 100 y mil días de salario mínimo de multa, o de tres a nueve años de prisión.
Ayer entraron en vigor las reformas y adiciones al Código Penal en materia de delitos contra el honor, propuestas por el Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, y aprobadas el 17 de febrero por el Congreso del Estado.
Y aunque el Ejecutivo local aseguró que dichas reformas no tienen ninguna intención de coartar la libertad de expresión, su entrada en vigor generó preocupación.
El pasado martes, representantes de diversos medios de comunicación se manifestaron en el Congreso estatal.
En respuesta, el diputado priista Felipe de Jesús Velasco Aguilar reconoció en tribuna que las reformas en materia de delitos contra el honor atentan contra la libertad de expresión, y sostuvo que no debían entrar en vigor, porque para su aprobación no se cumplió con el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
Legisladores del PAN y PRD insistieron en la conveniencia de que hayan sido aprobadas las reformas, y criticaron a los legisladores que quieren echarse para atrás para quedar bien con los medios de comunicación.
Piden ONG frenar ley
Organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y Periodistas contra la Corrupción (PFC) han señalado que las reformas al Código Penal atentan contra la libertad de expresión y, en su momento, demandaron al Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía detener el proceso para evitar su entrada en vigor.
"Penalizar los agravios contra el honor en el caso de personas públicas es una restricción a la libertad de expresión, tal como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", indicó PFC en una carta dirigida al Mandatario chiapaneco.
En Fray Bartolomé de las Casas se manifestó que las reformas y adiciones a los artículos 164, 169, 173, 173 bis, 173 bis A y 173 bis B del Código Penal de Chiapas constituyen "una verdadera inhibición y persecución del derecho a la libre expresión y del derecho a recibir y dar información", y van en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el Gobierno mexicano se comprometió a respetar.
Desde febrero pasado, periodistas y trabajadores de medios de comunicación estatales y nacionales se han movilizado para protestar por la aprobación de las reformas y...
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