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FALACIAS DEL PODER / Violencia política

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Vincent
AutorJesús Ibarra

En el momento de mayor rapacidad del Congreso de Jalisco, las diputadas regresaron la visión de Estado a la LXII Legislatura. Con gran habilidad técnica y política, al armonizar la legislación local al marco nacional, lograron tejer consensos en todas las facciones partidistas para que ahora sí tenga consecuencias la violencia política (VP). Es un buen resultado luego de que la "bancada de mujeres" había mostrado un talante sumiso al Ejecutivo con la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres en 2019. ¿Pero qué va a cambiar?

Aunque el reto siempre está en la implementación de políticas derivadas de la legislación, no es poca cosa que en materia electoral quienes aspiren a ser candidatos a gobernador, diputado o edil municipal no serán elegibles si son deudores alimentarios o si han sido condenados por delitos de VP. Para que esto no quede en letra muerta, se crea el "Registro de Deudores Alimentarios Morosos" a cargo del Registro Civil y con la obligación al Poder Judicial de actualizar su contenido, también la "Base Estadística Estatal de Violencia Política" de la Fiscalía estatal. Por cierto, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, el próximo proceso electoral iniciará en la primera semana de enero y no en octubre como ocurre ordinariamente.

Los partidos políticos ya no solo tendrán que cumplir con la paridad vertical y horizontal en el registro de sus candidaturas, tal obligación ahora se extiende a la integración de su estructura, además de garantizar la participación efectiva de las mujeres en sus procesos internos de organización. De forma novedosa, Jalisco incluye la paridad para seleccionar candidaturas en pueblos indígenas, dejando claro que el machismo no está amparado por el régimen de usos y costumbres y, en las campañas electorales se prohíben expresiones que constituyan actos de VP contra las mujeres.

La definición de VP contra las mujeres no deja nada fuera, retoma la nacional y se refiere a acciones que afecten el ejercicio de derechos políticos, de atribuciones, la toma de decisiones, el acceso a prerrogativas, derechos o que dañen la dignidad, integridad o...

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