Gilberto Parra/ Doble juego
| Autor | Gilberto Parra |
Ante la necesidad de legitimarse como un Jefe de Estado y de Gobierno que impulsa la democracia en su País, el Gobierno del Presidente Zedillo está poniendo como un ejemplo más del avance democrático mexicano a la Comisión Especial de la Cámara federal de Diputados, responsable de que no se desvíen los recursos federales en el actual proceso electoral, al difundir en el extranjero que ésta es una de las herramientas novedosas con que se cuenta para dar claridad a las elecciones federales de julio próximo.
Sin embargo, ese mismo Presidente lleva más de un mes desairando una solicitud de audiencia -la primera- que la citada comisión le ha estado formulando, con el propósito de darle a conocer sus fines e intercambiar puntos de vista para enriquecer su desempeño. Y, por si lo anterior no bastara, habría que agregar las cinco ocasiones que la directiva del Grupo Parlamentario del PRI lleva amagando con votar su desaparición, logrando con ello un propósito inconfesable, pero evidente: paralizar las funciones de esta comisión.
Ahora bien, ¿cómo explicar esta conducta aparentemente esquizofrénica del Gobierno federal que reconoce y presume fuera de nuestras fronteras lo que entorpece y dificulta aquí y ahora? Es muy probable que la respuesta venga del temor a perder el control de la función estratégica que cumplen los programas sociales en los procesos electorales, que el PRI ha utilizado para provecho suyo cada vez con mayor eficiencia y éxito. Y que hoy, como nunca antes, debido al excesivo agotamiento del sistema político como a las debilidades consustanciales del candidato oficial, el Gobierno esté apremiado de contar con los beneficios electorales que da el control de dichos programas.
Pero... ¿qué tan cierto es el uso electoral de estos programas y su eficiente rendimiento que la Comisión Especial tiene por encargo evitar? De entrada debe decirse que existen más de 100 programas y subprogramas del Gobierno federal, todos dirigidos al combate de la pobreza extrema que involucran a varios millones de familias; 50 de ellos, los más importantes, han sido agrupados en el Programa Nacional de Atención a Regiones Prioritarias. Entre éstos destacan Progresa, Programa de Empleo Temporal, Jornaleros Agrícolas, Diconsa, Fidelist, Liconsa y Crédito a la Palabra.
La puesta en práctica de estos programas de asistencia social le cuestan al erario nacional 52 mil 884.4 millones de pesos. Sólo Progresa, el articulador de todos los programas focalizados de...
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