Humberto Musacchio/ La Corte
| Autor | Humberto Musacchio |
Para el mexicano común, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una entidad abstracta, nebulosa, lejana; para los malpensados es una extensión del Poder Ejecutivo; para los ingenuos, una agencia del Ministerio Público que tiene sus ergástulas en los sótanos de Pino Suárez y Corregidora, lo que no pasa de ser una mala broma.
Hay razones que explican ese perfil borroso, esa forma inaprehensible que tiene la Corte en la imaginación popular. Los Ministros que la integran, 11 en la actualidad, están obligados a manejarse con extrema prudencia y dentro de la mayor reserva, pues cualquier indiscreción o la locuacidad de alguno de sus miembros puede inclinar a un Juez o Magistrado a reorientar un proceso en sentido adverso al de las pruebas y aun al de la ley.
Por supuesto, la Corte no es una agencia del Ministerio Público, aunque está facultada constitucionalmente "para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual", o bien, de "hechos que constituyan la violación del voto público" si a su juicio puede ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Eso explica, por ejemplo, la intervención de la Suprema Corte en la investigación del crimen masivo de Aguas Blancas.
En lo que se refiere a la independencia entre los Poderes, el excesivo peso constitucional y real del Presidente de la República propició que durante un largo periodo los otros dos Poderes se sometieran al Ejecutivo. Esa característica de nuestra vida pública ha empezado a modificarse. El partido del Presidente, el PRI, ya no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado carece de la mayoría calificada para modificar por sí la Constitución.
En lo que se refiere al Poder Judicial, las reformas de 1995, pese a su criticable premura, introdujeron cambios que ya no propician no tanto, al menos, la injerencia del Ejecutivo, aunque ciertamente se manifiestan todavía notables coincidencias entre el criterio jurídico de la Corte, o de la mayoría de sus Ministros, y las políticas menos plausibles de la Presidencia, como ocurrió en el caso del anatocismo, en que ocho Ministros votaron por el cobro de intereses sobre intereses, lo que por supuesto beneficia a los banqueros -tan consentidos en este sexenio-, pero ha causado un daño irreparable a millones de deudores sumidos en la insolvencia por los errores (de diciembre de 1994) del Ejecutivo.
Para los señores Ministros, no se...
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