Ignacio Salazar Mariscal / Pena capital

AutorIgnacio Salazar Mariscal

La pena de muerte es un homicidio premeditado y perpetrado a sangre fría, a manos del Estado.

La pena capital o pena de muerte ha existido desde que el hombre hizo su aparición en la faz de la Tierra, es tan antigua como la vida misma. Es la sanción jurídica más grave y rigurosa de todas, consistente en quitarle la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos en el orden jurídico que la instituye.

Santo Tomás justificó la pena de muerte al sostener que todo poder correctivo y sancionatorio proviene de Dios, quien lo delega a la sociedad de hombres; por lo cual el poder público está facultado como representante divino para imponer toda clase de sanciones jurídicas, con el objeto de defender la salud de la sociedad. De la misma manera que es conveniente y lícito amputar un miembro putrefacto para salvar la salud del resto del cuerpo, de la misma manera lo es también eliminar al criminal pervertido mediante la pena de muerte para salvar al resto de la sociedad.

La tesis tomasiana fue seguida por teólogos y juristas, y pronto dejó notar su influencia en la tipificación de tres razones, comúnmente invocadas en los códigos penales modernos para justificar la pena capital: exigencia del bien común, instrumento disuasorio y medio de compensación del mal perpetrado.

Al paso del tiempo empezaron a manifestarse en la ciencia penal el enfrentamiento de dos corrientes de opinión opuestas: la de aquellos que defendían el mantenimiento de la pena de muerte y la de los partidarios de su abolición. El abolicionismo tomó gran impulso con los filósofos de la Ilustración. La pena de muerte quedó circunscrita a supuestos muy excepcionales.

Cesar Bonesana, marqués de Beccaria, en su opúsculo "De los Delitos y las Penas", supuso el primer ataque abierto en contra de la teoría tomista; Beccaria intenta demostrar la irracionalidad e injusticia inherente a la pena capital y la niega de iure. Sin embargo admite dos casos en que su aplicación puede estar justificada de facto: cuando el delincuente aun privado de su libertad tenga tal poder que convenga matarlo, por razones de seguridad social, y cuando se considere que la muerte del reo sirve de verdad para disuadir a los demás miembros del grupo social de cometer delitos.

La abolición de la pena de muerte predomina a nivel mundial, 138 naciones son abolicionistas frente a 59 que aún...

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