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Isabel Sepúlveda / Crisis y oportunidad

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Vincent
AutorIsabel Sepúlveda

La licitación del Gobierno estatal por 3 mil 600 millones de pesos para el arrendamiento de maquinaria pesada para Municipios pone en primer plano la urgencia de reformar la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, aprobada apenas hace un par de años.

La ley anterior daba tres asientos a los organismos empresariales y los demás a funcionarios estatales o a regidores si se trataba de compras municipales. Eso provocaba un continuo mayoriteo en las votaciones en las que la decisión oficial casi siempre ganaba, creando así sospechas de arreglos anteriores a las sesiones de votación.

Esta situación generó una serie de presiones por parte de los empresarios para dar mayor equilibrio y transparencia a las asignaciones. Pero a los diputados de la pasada Legislatura se les pasó la mano y dejaron la nueva ley con cinco asientos para sendos organismos empresariales, uno más para el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco y otro para la Contraloría Estatal. La ley vigente también contempla un padrón único de proveedores, una plataforma digital y la figura de un testigo social emanado de la sociedad civil. Ninguna de estas tres últimas condiciones se ha cumplido.

El objetivo era y es cómo mejorar los mecanismos de compras gubernamentales para garantizar eficiencia en el gasto de Gobierno, en el que se optimicen la transparencia y rendición de cuentas. Antes, se había llegado a la conclusión de que las adquisiciones eran botín de funcionarios públicos. Hoy aun cuando la transparencia en las licitaciones ha aumentado, por varias razones es evidente que la fórmula con mayoría empresarial tampoco funciona. El reto es encontrar un punto medio.

Actualmente los empresarios son responsables de los Comités de Adquisiciones en todas las dependencias estatales y los 125 Municipios. Obvio, es imposible atenderlos cabalmente, por lo cual muchos Comités no pueden sesionar por falta de asistencia. Sin duda, y hay evidencias de esto, algunos representantes hacen acuerdos discrecionales anteriores a las sesiones de votación, para asignar contratos a empresas en las que participan o hacen algún negocio. Para evitarlo, se ha procurado contar con representantes de probada ética personal y profesional, con cursos de capacitación y conscientes de tener una reputación que defender.

Otro problema con la ley actual es la pequeña ventana que los funcionarios del Gobierno dan a los...

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