Jaque Mate/ Presa política
| Autor | Sergio Sarmiento |
"El último grado de la perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia".
Voltaire
Paola Durante es una presa política. Las pruebas de su inocencia son irrefutables. Se le mantiene en la cárcel, bajo proceso judicial, por razones de carácter político.
Esta joven es la edecán acusada, junto con Mario Rodríguez Bezares y un hombre conocido como "El Cholo", de haber participado en el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, ocurrido el 6 de junio de 1999. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, presidida por Luis de la Barreda, ha solicitado el sobreseimiento del caso en contra de ella en su recomendación 2/2000. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, encabezada por Samuel del Villar, se ha negado a retirar los cargos.
La única prueba en contra de Paola, plantea la Comisión de Derechos Humanos, es el testimonio de un reo, Luis Gabriel Valencia López, a quien la Procuraduría le otorgó beneficios a cambio de su declaración. Este testigo, según la CDHDF, padece de trastornos sicológicos serios. Además, sus declaraciones tienen incongruencias muy importantes.
Lo más significativo, sin embargo, es que el testimonio no coincide con hechos comprobados. Según el testimonio de Valencia López, Paola visitó en dos ocasiones el Reclusorio Sur del Distrito Federal para planear el asesinato de Stanley. La primera vez, sin embargo, la joven trabajó normalmente y la segunda, participó en un espectáculo en el Auditorio Nacional. Hay pruebas y testimonios que lo confirman.
La descripción física que Valencia López hizo de Paola en su testimonio no corresponde a la de la joven. Pero además, al ser presentada ante el testigo, la Procuraduría no alineó como se debe a varias jóvenes para que el testigo la identificara, sino solamente a Paola. Hubo un aparente dolo en esta acción: la Procuraduría no quería que el testigo se equivocara de joven.
La Procuraduría capitalina afirma que no puede levantar los cargos que pesan contra Paola debido a que el proceso ya ha comenzado; el caso está bajo la jurisdicción del Juez y la ley impide a las comisiones de derechos humanos intervenir en asuntos "jurisdiccionales".
Pero el sacerdote jesuita Miguel Concha, miembro del consejo de la Comisión de Derechos Humanos, responde en un artículo en La Jornada: "No tiene razón la Procuraduría. La oportuna recomendación es legal, lógica y éticamente impecable". El asunto no es jurisdiccional porque, aunque el caso se encuentra ya ante el Juez...
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