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Jorge Narro Monroy / Reformar el SEAJ

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Vincent
AutorJorge Narro Monroy

El Gobernador A, el Alcalde B o el Secretario de Obras Públicas C decide construir una obra pública. Y avisa a un amigo, familiar o socio. Éste, al que llamaremos X, crea, gracias a la información privilegiada que recibió, una empresa constructora o proveedora de servicios. Y lo hace justo unas semanas antes de que se abra a licitación la obra. La nueva empresa tiene como accionistas al chofer y a la empleada doméstica de X y como domicilio el de una bodega abandonada en un barrio popular. Para que la licitación parezca convincente, A, B o C invitan a otros cuates a participar, advirtiéndoles que en esta ocasión no ganarán, pero sí en la siguiente (aunque siempre queda la posibilidad de fragmentar la obra para que cada pedacito se pueda, por su costo, entregar al proveedor mediante adjudicación directa).

La obra dura el doble del tiempo programado (entre otras razones porque cuando X "ganó" el contrato no tenía proyecto ejecutivo...) y, por supuesto, cuesta el doble de lo presupuestado. Los vecinos o afectados protestan, el Tribunal de lo Administrativo del Estado (hoy Tribunal de Justicia Administrativa y fuera del Poder Judicial) le da la razón a X aunque el proyecto contravenga a todas luces disposiciones legales, el funcionario A o B olvida sus promesas de campaña, X se llena los bolsillos -habiendo repartido antes parte del dinero entre todos los involucrados. Y colorín colorado, este cuento ha terminado...

Hasta que aparece un periodista honrado y profesional, un medio de comunicación que no lo censura o lo despide, una organización que combate la corrupción, o -casi de milagro- un funcionario que además de probo, sí se cree lo de "servidor público". Entonces se destapa la cloaca. Y pasa algo. O no pasa nada...

En un caso así, ¿qué pasaría si hubiera un Sistema Estatal Anticorrupción (SEAJ) eficaz? Uno "de a deveras". ¿Qué haría?

Lo primero es que se activarían dos dispositivos: el Órgano Interno de Control (la Contraloría) de la dependencia (en el caso de nuestro ejemplo: la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública: SIOP) y la Fiscalía Anticorrupción. Ambas iniciarían investigaciones para deslindar responsabilidades administrativas y penales, respectivamente. Seguirían la huella del dinero, trabajarían con la misma información en dos expedientes y -elemento clave- acompañados por un magistrado anticorrupción o un juez de control que dotaría de...

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