Jorge Suárez-Vélez / Duerme la Suprema Corte

AutorJorge Suárez-Vélez

A López Obrador ya se le acabó el dinero y eso debe preocuparnos. En una reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, dijo que este año "se terminarán los guardaditos" que les dejaron gobiernos previos. Admitió que a pesar del repunte esperado en 2021, entre este año y el que viene el país vivirá "la crisis más fuerte desde 1932".

En el primer semestre de 2020 aumentó la recaudación de IVA e ISR, a pesar de la pandemia. En parte se debe a la virulenta campaña de extorsión fiscal que sufren las empresas. En ese periodo, el SAT llevó a cabo 25 mil auditorías. La recaudación por esta vía aumentó 177% para llegar a 269 mil millones de pesos. Mientras todos los gobiernos del mundo buscan darles recursos a las empresas, paradas involuntariamente por la pandemia, el de México prefiere exprimirlas para tirar nuestro dinero a la basura.

Ante la amenaza de las recientes modificaciones legales, que equiparan la defraudación fiscal con delincuencia organizada, y la que proviene de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, muchas empresas que diseñaron estrategias fiscales legítimas para reducir su carga impositiva prefirieron no pelear cobros en disputa, pues existía la posibilidad de que los empresarios tuvieran que seguir el pleito desde la cárcel.

La coerción penal como instrumento de recaudación puede ser efectiva a corto plazo, a la larga inhibirá la inversión y el emprendimiento; también promoverá la informalidad. Al lidiar con un gobierno que todos los días veja, insulta, miente y acusa sin pruebas a quienes se le oponen, es justificada la preocupación de que leyes -diseñadas para combatir organizaciones criminales- se usen discrecionalmente para someter a ciudadanos ordinarios considerados "traidores" a la 4T. Principios como el de "presunción de inocencia" o el "debido proceso" son optativos para este gobierno. La vendetta de Bejarano y Padierna contra Rosario Robles, o la UIF congelando cuentas por motivos políticos, son temible ejemplo.

Muchos empresarios cometieron faltas graves recurriendo a factureras para evadir impuestos, y se les debe castigar con todo el rigor de la ley. Pero darle al Estado poderes supraconstitucionales es una peligrosa invitación al abuso. En este gobierno el exceso está garantizado.

Y es, por ello, urgente preguntarnos dónde está la Suprema Corte. Su principal función es precisamente acotar las acciones del Ejecutivo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR