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Juan Villoro / El peligro de informar

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Vincent
AutorJuan Villoro

El 18 de marzo, el capítulo para México y Centroamérica de Article 19, asociación dedicada a proteger a los periodistas, presentó su informe anual. Pocos días antes sus oficinas habían sido asaltadas. Eso confirmó el clima de persecución y violencia documentado en el informe.

El ataque a la libertad de expresión lesiona a la sociedad entera. El Estado también es víctima del suceso: si el Gobierno en turno no investiga y sanciona el crimen, se convierte en cómplice de los hechos.

Durante el sexenio de Felipe Calderón México fue definido por Reporteros sin Fronteras como el País más inseguro para ejercer el periodismo. Con la llegada a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, se bajó de volumen al tema de la violencia, pero las muertes no amainaron.

El Gobierno de Peña Nieto ha creado dependencias para perseguir los delitos contra periodistas; la comunicación con los agredidos es más precisa y constante; un ombudsman está en funciones y se promulgó la Ley General de Víctimas. Asombrosamente, esto no ha mejorado la situación. Estamos ante un costoso simulacro: la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión tiene un presupuesto anual de más de 30 millones de pesos, pero no ha contribuido a detener a un solo culpable. El Gobierno actual está mejor informado y muestra mayor disposición que el de Calderón. No es por ignorancia que no se actúa, sino por falta de voluntad política. Su inmovilidad roza el cinismo.

Y el drama aumenta. De acuerdo con Article 19, 2013 fue el año en que más se amenazó a los periodistas desde 2007. La organización registró 330 casos de agresión al gremio.

En foros internacionales, Peña Nieto ha destacado la relevancia de la información y la necesidad de que se ejerza en un clima de libertad. Pero gobierna con bipolaridad: las declaraciones mejoran mientras los hechos empeoran y las leyes se perfeccionan para ser ignoradas.

En todas las sociedades hay una franja donde lo ilícito adquiere apariencia de ser lícito. De nada sirve vender droga si después no se puede usar ese dinero. Los delincuentes requieren de complicidades para establecer negocios "legales". Es ahí donde la información se vuelve particularmente peligrosa. El capo que embarca cargamentos de cocaína en un breñal del desierto no piensa en su reputación. En cambio, el empresario, el alcalde, el diputado, el coronel o...

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