Lanzan jueces españoles cruzada anticorrupción

AutorLuis Méndez

Corresponsal

MADRID.- Los Jueces Decanos españoles propusieron ayer una batería de medidas para luchar contra la corrupción, luego de reconocer que el país se encuentra en una situación muy delicada.

"Los casos de corrupción se han multiplicado y el desaliento y la lógica indignación de los ciudadanos crece en un contexto de desprestigio de lo publico", argumentan los 45 magistrados en el escrito en el que solicitan la reforma del código penal español para enfrentar más eficazmente este tipo de ilícitos.

La ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción y el endurecimiento de las penas de ciertos ilícitos como el tráfico de influencias, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a funcionarios, son algunas de las demandas judiciales.

Además, buscan incluir en el código penal la figura del delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato, así como la financiación ilegal de partidos políticos.

Los Jueces Decanos que son elegidos por sus propios compañeros apuestan por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal y que está fijada actualmente en 120 mil euros.

Conscientes de la gravedad de la situación por los múltiples escándalos de corrupción que la crisis económica contribuyó a destapar en los últimos seis años, los Jueces piden también elevar las penas por conductas que indirectamente amparen o faciliten la corrupción.

Además, sugieren la limitación o prohibición legal de la suspensión o sustitución de la pena por delitos de corrupción, salvo casos muy excepcionales y siempre condicionada a la devolución de las sumas malversadas o apropiadas.

Los Jueces denuncian en su escrito que el aparato judicial español se halla muy desfasado, que cuenta con un número de jueces muy inferior al de los países europeos, entre otras rémoras procesales.

"En concreto 11 jueces por cada 100 mil habitantes frente a la media europea de 21 jueces por cada 100 mil habitantes, en total 5 mil 300 jueces en activo cuando para alcanzar la media europea deberían ser 9 mil 600", afirman.

La falta de recursos humanos y económicos, advierten, ralentiza la impartición de justicia en España.

"Los presupuestos destinados a la administración de justicia representan tan solo el 1 por ciento de los presupuestos generales del Estado, unos 2 mil 700 millones de euros de los cuales el 80 por ciento lo consumen los gastos de personal, por lo que la modernización e informatización...

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