Luis Manuel Garza / Suspensión de garantías

AutorLuis Manuel Garza

Si el Gobierno federal prefiere matar delincuentes, en vez de juzgarlos y sentenciarlos, está mandando la señal que el Estado de Derecho no funciona y que resulta necesario hacerse justicia por su propia mano.

Entre líneas se nos indica que el Ministerio Público y el Poder Judicial no sirven.

Porque al menos debemos estar de acuerdo en que ningún Gobierno democrático debe andar asesinando ciudadanos por todos lados para controlar los delitos. Para eso existen los programas sociales, las leyes penales y las instituciones responsables de implementar ambos temas.

Grandes pensadores de todos los tiempos han considerado a la violencia como un signo de debilidad, el recurso del incompetente, el refugio de las mentes débiles. La mayoría coincide en que la violencia sólo genera más violencia.

Constitucionalmente, la única forma de legitimar la guerra presidencial iniciada por el Gobierno federal es suspendiendo las garantías individuales, en los términos del Artículo 29 de la Constitución.

Dicho precepto establece que las garantías pueden suspenderse "en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto".

El propósito de la suspensión, es el de hacer frente "rápida y fácilmente a la situación" y sólo puede ser por un tiempo limitado, mediante prevenciones generales que apliquen a toda la población.

El único legitimado para hacerlo es el Presidente de la República, pero requiere el apoyo unánime de los Secretarios de Estado, Procurador General de la República y el Congreso de la Unión.

Actualmente, no contamos en México con una ley reglamentaria para estos casos de excepción, por lo que su implementación sería sumamente complicada.

Antes al contrario. La Ley de Seguridad Nacional, que pudiera ser el instrumento legal idóneo para reglamentar la suspensión de garantías individuales, simplemente ignora el tema y privilegia el respeto a los derechos fundamentales.

"La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia...

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