Opinión Invitada / Octavio Alberto Díaz Rafols: Recaudación sin bienestar
| Autor | Opinión Invitada |
Desde el pasado 2014, el Gobierno de Jalisco integró en la Ley de Ingresos el pago de un holograma para demostrar que se posee seguro automotriz.
La actual Ley de Movilidad exige que los vehículos tengan un seguro de responsabilidad civil para efectos de circular, pero el Gobierno es omiso en hacerla cumplir.
Esta peregrina idea de emitir un engomado para que el agente vial pueda determinar, en una simple mirada, que el automotor posee seguro, se escucha coherente pero no lo es: la Ley de Movilidad y Transporte del Estado no contempla dicha calca. Esta medida es un impuesto más, una forma de recaudar 52 pesos por cada unidad que ya posea seguro. En otras palabras, quienes sí cumplen con la ley tendrán otro impuesto y una calca más adherida en su vehículo -en el supuesto de que la ciudadanía no se inconforme-.
La medida es criticable, no posee fundamento legal y no resuelve nada, sólo busca ingresar a las arcas del Estado 52 pesos por cada auto que sí está asegurado.
Va una propuesta en el sentido de aplicar la ley y generar un bienestar a la comunidad: que el Gobierno, tan proactivo para sólo allegarse billetes, defina una solución de fondo para que todo el parque vehicular emplacado en Jalisco tenga un seguro de responsabilidad civil.
¿Cómo lograrlo? Convocando a las aseguradoras más importantes del País, definiendo un esquema de póliza colectiva que cubra, para efectos de daños a terceros, a los vehículos que al momento de su refrendo no presenten póliza vigente.
Si se tienen 3 millones de unidades en Jalisco y sólo un millón están aseguradas, el proveer una póliza para estos 2 millones restantes será un negocio atractivo para el conjunto de aseguradoras que participen. Al ser una "megapóliza", el costo por unidad será muy atractivo (asumamos que no exceda del costo de un tanque y medio de gasolina de un auto compacto, unos 814 pesos). Nadie podrá decir que no puede asegurar su auto por poco más de 800 pesos, pues, si no tiene lo necesario para que el auto funcione, no hay razón para poseerlo.
El Gobierno del Estado, como ejecutor de la medida, sería de facto un agente de seguros, por lo que podría generar una comisión que supere los 52 pesos que ahora pretende cobrar por una calca inútil y fuera de la ley. Y tendría un ingreso superior, que debería de estar etiquetado y dirigido a crear mayor infraestructura en...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba