Opinión Invitada / Tonatiuh Bravo Padilla: Por educación de calidad

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El 15 de mayo pasado se promulgó la nueva reforma constitucional en materia educativa. La anterior -promulgada por el Gobierno de Peña Nieto- tuvo varios aspectos positivos, pero la forma en como fue aplicada y algunos de sus contenidos, la hicieron ser percibida como punitiva en contra de las maestras y maestros de México.

Por esa razón y otras más de carácter político, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a echarla para atrás. Ya como Presidente, presentó iniciativa que, con otra propuesta presentada por los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PRD, PRI y PAN -elaborada con académicos de la Red Educación y Derechos-, constituyeron los insumos base para que, enriquecida con propuestas recibidas en parlamento abierto, resultara una buena reforma constitucional.

En ella, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; se incorpora el derecho de la educación inicial y superior, así como la obligación de garantizarlas; a los principios de educación pública, gratuita y laica, se agrega el de rectoría del Estado, así como carácter universal e inclusivo; enfoque de derechos humanos.

Se revalora el papel de los maestros como agentes del proceso educativo y se reconoce su contribución a la transformación social; se establece el Sistema de Carrera bajo la rectoría de la Federación, en coordinación con las entidades federativas, así como procesos de evaluación y selección para docentes: públicos, transparentes, equitativos e imparciales, de naturaleza integral y que no afecten su permanencia; fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente, en particular las normales.

Creación del Sistema de Mejora Continua de la Educación, coordinado por una instancia profesional y académica cuyos integrantes fueron nombrados por el Senado. Gradualidad y obligación presupuestal para respaldar cambios y nuevos derechos educativos. Creación de un fondo para la educación superior y presupuestos plurianuales para infraestructura.

Estos contenidos debían ser reglamentados a través de reformas a la Ley General de Educación, leyes para la carrera de los maestros y la del Sistema para la Mejora Continua de la Educación.

Tras un arduo trabajo, se logró articular contenidos cercanos al 90% de avance. Sin embargo, en las cuatro semanas previas a la aprobación en la Cámara de Diputados, se quitaron párrafos y se agregaron redacciones no consensuadas, producto de lo que públicamente fue tratado como...

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