Plaza Pública/ Abuso español

AutorMiguel Angel Granados Chapa

Ingenuo, Mikel Korta, delegado de Herri Batasuna para América Latina, consideró el 17 de enero, "sinceramente" y ante la expulsión de cuatro súbditos vascos, que "las autoridades mexicanas habían entendido que aquí vivimos un conflicto de carácter político que enfrenta en clave de soberanía a nuestro pueblo con los Estados español y francés. Que habían entendido la profunda transformación política experimentada en dicho conflicto al conformarse una nueva mayoría que aboga por una solución tan profundamente democrática como es la petición a los Estados español y francés para que acepten que sea el pueblo vasco quien decida sobre su futuro y que se comprometan a respetar esa decisión". Por haber incurrido en esa credulidad, Korta fue detenido el sábado en el aeropuerto de Barajas, al llegar de México.

Korta ha vivido públicamente en nuestro País. Ofrece conferencias y entrevistas de prensa, y emite declaraciones como la citada arriba. No vive en la clandestinidad, puesto que representa a una organización legalmente existente en el País Vasco y en España. Aunque ahora participa electoralmente con otra denominación, Herri Batasuna es un partido político con plenos derechos, tanto que el Tribunal Constitucional de España puso en libertad a toda su dirección, cuando fue aprehendida en pleno tras un atentado perpetrado por ETA.

Junto con Iñigo Elkoro, Korta fue ubicado en México. Se precisó la hora de su viaje a Madrid, y obviamente sin que lo supieran, agentes españoles viajaron junto con ellos para detenerlos tan pronto aterrizaron. Aunque esta vez alguien fue prudente y no forzó la intervención directa de la autoridad mexicana, es claro que el seguimiento de los dos dirigentes vascos aprehendidos (como parte de una operación mayor consumada el sábado) fue realizado por agentes locales o por españoles con la aquiescencia mexicana. Se completa de ese triste modo la deplorable actuación del Gobierno mexicano, que deportó a cuatro presuntos miembros de ETA y dio pie a la detención de dos más.

El Instituto Nacional de Migración pretende lavarse las manos respecto de las expulsiones, alegando que simplemente aplicó la ley correspondiente. Pero nada dice, porque estaría imposibilitado de hacerlo, respecto de la entrega de los deportados a la Policía española, algo no incluido en la norma aplicada. Y tampoco hace frente a la evidencia de que, para cumplir ese lamentable papel, desacató una orden judicial. Como lo ha explicado la abogada Pilar Noriega...

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