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Plaza Pública / Ilegalidad poblana

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AutorMiguel Ángel Granados Chapa

Mañana hará un año de la arbitraria detención de Lydia Cacho en Cancún y su aún más reprobable traslado a Puebla. Impune el comportamiento ilegal del Gobernador Mario Marín, evidenciado entre otros indicios por su conversación telefónica con el acusador de la periodista, Kamel Nacif, de donde brotó su apodo de "Góber Precioso", Marín se hace retratar (y paga la difusión de esa fotografía) con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, que con la presentación de su informe termina hoy su cuatrienio en ese cargo. Es deplorable que se dejara manipular por el Mandatario local, sujeto a una indagación especial de la propia Corte, motivo por el cual hubiera sido prudente no invitarlo y aun sugerirle no apersonarse en el acto inaugural del edificio de la judicatura federal. Ya era impropio que se realizara este acto mientras Marín está sujeto a indagación, pues el primer reporte de los magistrados a quienes el máximo tribunal comisionó al efecto, fue rechazado por no concentrar su atención precisamente en el comportamiento del Gobernador. Eso deberá hacerse en la nueva fase de la pesquisa pedida por las Cámaras federales a la Corte y aceptada por su pleno.

La ilegalidad en la conducta del Gobernador, y de la Administración que encabeza, y de la política que hace, es un modo de ser, no una anomalía. Pueden citarse multitud de casos. Me refiero a uno en particular, porque involucra a una institución que estuvo llamada a tener relevancia estatal y fue constituida con respetables aportaciones de centros de estudio como El Colegio de México, y de la Secretaría de Educación Pública. Se trata de los abusos cometidos contra El Colegio de Puebla y de quien fue su presidente, Jorge Efrén Domínguez, depuesto de su cargo en julio del año pasado y ahora sujeto a sanciones que, de prosperar, implicarían su inhabilitación como funcionario público, que no lo era y, lo más importante, le significarían el pago de sanciones por montos millonarios.

El Colegio de Puebla es una asociación civil, uno de cuyos integrantes es el Gobierno de Puebla, cuyas aportaciones dejan de ser dinero público y se convierten en patrimonio de la asociación, que se rige por el derecho privado y no por el público y por lo tanto no está sujeta a la fiscalización gubernamental, sea del Ejecutivo o de la legislatura estatal. Eso no obstante y como muestra de buena fe, aparte de su propia auditoría externa el Colegio, sin estar obligado a hacerlo, rindió cuentas al...

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