Plaza Pública/ Notimex
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
En sentido contrario a su tendencia privatizadora, el Gobierno mexicano ha resuelto estatizar la intermediación de sus propios avisos publicitarios. Lo hace en el año en que su partido se sabe, por primera vez en la historia, en riesgo real e inminente de perder la Presidencia de la República (en 1988 sólo se llegó a tal tesitura en la etapa final de la campaña), por lo que esa medida adquiere la fea apariencia de estrategia electoral, en perjuicio de los partidos opositores, y afecta adversamente el funcionamiento de los medios de información, una buena parte de los cuales se abre camino hacia la plena autonomía.
El 31 de enero la Secretaría de Gobernación emitió normas y lineamientos para el gasto gubernamental en materia de comunicación social. Nadie está en contra de que se racionalice la aplicación del dinero público en todos los rubros, y menos en uno, la relación del poder federal y los medios informativos, que ha sido clave para la consolidación y el mantenimiento de un sistema político cerrado. Con recursos gubernamentales se ha fomentado no un periodismo responsable ante la sociedad, sino que se ha contribuido a construir, simultáneamente, grandes fortunas privadas y mecanismos de simulación en que la propaganda sustituye, ni siquiera sutilmente, a la información. De lo que se trata ahora, sin embargo, no es de utilizar el presupuesto para bien de quienes lo pagan, los contribuyentes, sino de centralizar las decisiones en esa materia con fines de control político.
Algunos lineamientos conciernen sólo al funcionamiento interno del aparato burocrático y están envueltos en una espesa prosa que no interesa al público. Pero otros se refieren a la relación del Gobierno con los medios. En el décimo numeral de aquel acuerdo, por ejemplo, se establece imperativamente -"deberán" es el verbo utilizado- la contratación de Notimex como intermediaria en la colocación de publicidad de las dependencias y entidades gubernamentales en medios impresos o electrónicos. La decisión contradice gravemente, con perjuicio de terceros, la inclinación privatista del Gobierno, pues permite a la agencia periodística gubernamental adueñarse de un terreno ya roturado por agencias privadas, algunas de ellas formadas ex profeso por diarios que se agrupan para participar de la publicidad gubernamental. Estas agencias quedaron automáticamente excluidas de su actividad habitual, sin que se les conceda al menos el derecho de acudir a la licitación de un servicio que...
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