PLAZA PÚBLICA / Prensa en los tribunales

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

Abundan los litigios civiles por presuntas lesiones a una imagen, a una reputación, al honor. Los más de ellos son promovidos, paradójicamente, por personas en cuyo patrimonio no pesa particularmente su buen crédito público. El Gobernador Mario Marín se dio el lujo de demandar por daño moral al periodista Jorge Meléndez. Otras veces se reclama de periodistas como Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo rectificar informaciones verídicas que los afectados juzgan causantes de perjuicio. Está en la Suprema Corte, en espera de que se le aplique la sabia definición de que los funcionarios están sujetos al escrutinio público en mayor medida que las personas privadas, el caso de la Sosa Nostra, litigio que ha durado ya siete años.

También en el máximo tribunal aguarda ser abordado el conflicto legal entre el diario La Jornada y la revista mensual Letras Libres. Me parece de especial relieve este caso por su excepcionalidad. El uso y el abuso de los instrumentos legales para defender el buen nombre de las personas proviene de ámbitos ajenos al periodismo, y ha dado lugar a una forma extrema de limitación a las libertades de información y de expresión, que es el acoso judicial. Pero cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto y que, en el caso al que ahora me refiero, puede redundar en perjuicio del demandante, que por la índole de su tarea quedaría sujeto a reclamos judiciales a tal punto que se anularía su derecho de informar.

La pieza de acusación es un artículo de Fernando García Ramírez, a la sazón subdirector de Letras libres, la revista dirigida por Enrique Krauze, en marzo del 2004. El texto partía de un diferendo entre La Jornada y el famoso juez español Baltasar Garzón, que en enero anterior había viajado a México para una diligencia en el proceso de extradición a que estaban sujetas varias personas señaladas como integrantes de Eta, el grupo terrorista (no hay posibilidad de eludir esa calificación) que por décadas ha tratado de conseguir mediante la violencia lo que militantes vascos por la democracia han conseguido por la vía electoral, la vía pacífica. Ante informaciones aparecidas sobre ese momento procesal en La Jornada, incluida la presencia aquí del combatiente juzgador, Garzón lamentó la "manipulación informativa" que conducía a presentar "como paladín de la libertad y de la dignidad...

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