PLAZA PÚBLICA / Reyes del juego

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

Corregir el desorden que priva en la industria del juego debe ser una de las consecuencias del crimen colectivo en un casino regiomontano y sus derivaciones políticas. La situación jurídica de los "desplumaderos" requiere un abordamiento de frente y a fondo, que incluya un eficaz mecanismo de supervisión y vigilancia. Ha de evitarse con ello la situación, entre ridícula y patética, de una autoridad federal que ignora quién opera una casa de juego donde se privó de la vida a 52 personas, la mayor parte de las cuales estaban allí por su gana de divertirse y acometer la imposible hazaña de ganar más dinero del que pierde. Pero otra porción de las víctimas, 4 de 52, eran empleados sin garantías laborales, que ni siquiera recibieron pago por sus últimos días de trabajo.

Es inadmisible que el Secretario de Gobernación informe, de acuerdo con los precarios datos que conoce, que la empresa permisionaria del casino incendiado es Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V., y que ignore que de tiempo atrás esta sociedad anónima ya no opera el lugar que resultaría afectado. Al parecer hay una disputa no por la titularidad del permiso, que sólo puede ser dilucidada por quien la otorgó, sino por la capacidad de mantener abierto el establecimiento y beneficiarse con las ganancias, que conlleva el riesgo de padecer extorsiones, cualquiera que sea su origen.

Los permisos fueron expedidos por razones políticas a miembros eminentes de grupos de poder, o a los propios grupos. En los años 90 fueron beneficiados por autoridades priistas Rodrigo Aguirre Vizzuett, en pago parcial a la deuda política que el Presidente Carlos Salinas tenía con su padre Ramón Aguirre Velásquez, uno de los integrantes de la familia feliz constituida alrededor de Miguel de la Madrid, a la que también perteneció Salinas. A su vez, Jorge Hank Rhon recibió en herencia el hipódromo de Tijuana, de donde partió para establecer su vasto negocio de juegos, previo aprovechamiento indebido de los terrenos en torno a ese estadio, que nunca debieron servir a otros fines.

En la década siguiente los beneficiarios fueron núcleos de poder como Televisa y como la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), cuyos intereses se intersectan y combinan. Es grotesco ver cómo entre cuestionamientos al modo en que se maneja la industria del juego, y se informa de las secuelas procesales y políticas del incendio criminal del 25 de agosto, Televisa inserta los anuncios de sus propios casinos, bajo...

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