PLAZA PÚBLICA / Sistema penitenciario, un fracaso
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Todos los días un acontecimiento grave ocurre en alguno de los 438 penales de la República: en estos días de mayo, ocurrió una fuga masiva en Zacatecas, y un motín reprimido con dureza en el Distrito Federal. En marzo en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez fueron asesinados 21 reclusos en una riña entre reos. Y en septiembre anterior en Tijuana, otra ciudad emblemática del narcotráfico, un número similar de muertes fue provocado por la represión excesiva a presos amotinados.
Un juicio sumario, pero no simplón, al sistema penitenciario mexicano no puede menos que concluir que sirve para todo menos para el propósito que lo define y da nombre a sus establecimientos: no hay readaptación social posible en ellos. Imperan allí la violencia y la corrupción, la práctica de delitos contra internos y hacia fuera, el hacinamiento. Casi no hay cárcel que encierre al número de reclusos para el que está diseñada. Casi todas se hallan en el extremo contrario. En Baja California, por escoger un ejemplo al azar, hay una sobrepoblación de ciento por ciento. En el Distrito Federal el porcentaje es cercano a ese máximo: en sus 10 penales se amontonan 40 mil reos, en espacios construidos para 21 mil.
En la capital de la República están bien identificadas las causas de la sobrepoblación: un número muy grande de presos no pueden pagar la fianza que se les reclama para obtener la libertad a que tienen derecho mediante ese requisito. Y se ha acrecentado el censo porque reformas legales alentadas por la desesperación social imponen penas de prisión a delitos como el robo simple cuyo monto sea menor a 2 mil pesos. Igualmente crece el número de reos del fuero federal alojados en centros de reclusión locales, promiscuidad de la que surgen otras graves dificultades que el régimen carcelario no está en condiciones de enfrentar.
Desde la perspectiva de su competencia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha preparado un proyecto de ley penitenciaria. Partió para formularlo de consideraciones como la registrada en el Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal: "Las violaciones a los derechos humanos de las personas recluidas más recurrentes son hacinamiento, suministro insuficiente de agua, negligencia médica, problemas de salud pública, desabasto de alimentos, tortura, corrupción por parte del personal administrativo, negativa y suspensiones de visita familiar o íntima, discrecionalidad en los beneficios de la libertad anticipada...
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