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PUNTOS Y CONTRAPUNTOS / Bichos rastreros

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Vincent
AutorPedro Mellado

En un amplio segmento de la clase política se cumple plenamente la certeza de que, no reditúa gozo pleno y placer perenne la fortuna mal habida, si no se tiene la oportunidad de hacer enfermiza y cínica ostentación pública de ella.

Sí es posible investigar la legitimidad de los bienes de los presuntos servidores públicos.

Empezando, por ejemplo, por verificar el sustento de las declaraciones patrimoniales que todos están obligados a presentar al principio y fin de sus encargos, para descubrir y desenmascarar a pillos abusivos que se roban el dinero que los contribuyentes les han confiado.

El Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz debería instruir al Fiscal General del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, para que iniciara investigaciones en los casos concretos de ex funcionarios y de servidores públicos actuales, que están bajo justificada sospecha.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco señala en su Artículo 93 quiénes, en el ámbito del Poder Ejecutivo, deben presentar declaración patrimonial.

Están obligados: todos los servidores públicos de confianza, desde el Gobernador del Estado, los titulares de las secretarías, de la Fiscalía General, de la Fiscalía Central, de la Contraloría del Estado, hasta los jefes de sección, incluyendo a los jefes y subjefes de recaudadoras de rentas, directores, cotizadores, glosadores, auditores, supervisores, encargados de almacén y quienes con motivo de sus funciones administren fondos y valores del Estado, así como los contralores internos de las secretarías y dependencias.

En el Congreso del Estado están obligados a cumplir este trámite: los diputados, el Secretario General, el Auditor Superior, los directores, jefes de departamento, supervisores, auditores, coordinadores y encargados de valores, así como los demás servidores públicos que determine la Legislatura Estatal.

En el Poder Judicial están obligados...

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