Ricardo Elias / Delincuente 'light'
| Autor | Ricardo Elias |
En este México tan precioso, que hasta Gobernadores así llamados tiene, no es delito grave ni motivo para arresto el que una autoridad viole las garantías individuales, amenace y planee perjudicar a un ciudadano. Hay que esperar a que las amenazas se cumplan y éstas puedan ser probadas, o a que las llamadas en las que se trama el secuestro de una periodista que investiga una red de pederastia puedan ser grabadas con permiso de un juez.
Me refiero por supuesto al reciente fallo de la Suprema Corte en el que la mayoría de sus ministros, al desechar las pruebas ofrecidas, decidieron que los delitos cometidos por el Gobernador de Puebla en contra de la periodista Lydia Cacho no fueron graves.
Puedo entender (aunque no aceptar) que las repulsivas grabaciones que le hicieron al "Góber precioso" no tuvieran el mínimo valor probatorio por haberse obtenido de manera ilegal, pero lo que no puedo ni aceptar ni entender es que los ministros de la Corte -que con razones legales pero sin razones morales desecharon las pruebas- no se hayan pronunciado en una condena pública por lo que el Gobernador Marín y el empresario Kamel Nacif hicieron o intentaron hacer, o manifestar de alguna manera, que si bien la propia ley les impide aceptar como prueba una grabación ilegal, eso no significa que lo que en ellas se dijo fue falso o que las amenazas no existieron.
Esa condena pública es lo único que hubiera salvado la cara y el prestigio de la Suprema Corte, y evitar que ahora se les etiquete de cómplices, cobardes o vendidos.
Voy mas allá en mi observación: si el 60 por ciento de los jueces determinó que el delito no fue grave, no quiere decir que no hubo delito, quiere decir que el delito fue leve. Que hubo delito. Leve si quieren, pero delito al fin. Y eso es lo que debieron haber dicho.
Y es que pareciera que el fallo que impidió meter a la cárcel a esta preciosidad de Gobernador hace verlo ahora como inocente y en algunos momentos hasta como víctima, cuando en verdad (no jurídica) cometió un grave delito que debido a un tecnicismo legal, ante la ley sólo lo podemos ver como un delincuente "light".
Si legalmente hablando los delitos cometidos por esta preciosura no fueron lo suficientemente graves como para que ameritara cárcel, al menos debieran ser lo suficientemente vergonzosos para que deje el cargo, y suficientemente públicos para que la sociedad repudie a un Gobernador respecto del cual 40 por ciento de los ministros de la Suprema Corte opinaron que sí...
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