Sergio Aguayo / Armas perdidas

AutorSergio Aguayo

A la memoria de Pilar Pellicer.

Supo ser libre.

Corren tiempos inciertos. ¿Podrán la sociedad civil y el gobierno apartar diferencias y unirse contra las amenazas comunes? Con la reapertura del caso "Rápido y Furioso" podrían restañarse algunas fracturas.

En 2014 una decena de personas con formaciones y filiaciones muy diversas creamos [Des]arma México. Nos movía la indignación por la facilidad con la cual llegaban las armas de Estados Unidos. "Rápido y Furioso" era una afrenta. Los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama acordaron en 2009 contrabandear 2,500 rifles de asalto para detectar las rutas utilizadas por el crimen organizado. Como en las películas, se les insertaría un chip para observar su camino. Estados Unidos se quedó sin fondos para adquirir los chips, pero siguieron adelante confiados en que cuando se utilizaran conocerían el destino final.

Se usaron y, de acuerdo al último conteo, más de 200 personas fueron ejecutadas con esas armas. Murieron sicarios, policías y civiles tan inocentes como los jóvenes de Villas de Salvárcar (Chihuahua) (enero de 2010). Cuando asesinaron a un policía estadounidense (diciembre de 2010) empezó el alboroto en los dos países. ¡El menosprecio a las vidas mexicanas era escandaloso!

En septiembre de 2014, quienes integramos [Des]arma México demandamos al gobierno de México, señalando explícitamente la responsabilidad estadounidense. El bufete del inolvidable Gonzalo Aguilar Zinser hizo una obra de orfebrería jurídica y acreditó nuestro interés, apoyándose en la Ley General de Víctimas. Como éramos víctimas potenciales de esas armas, podíamos exigir que se investigara y castigara a quienes "permitieron su entrada". La Procuraduría General de la República aceptó el argumento.

Como teníamos evidencia documental sobre la participación activa del gobierno de Calderón, solicitamos la comparecencia de tres procuradores calderonistas: Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez. También pedimos que comparecieran los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Marina, Defensa Nacional, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, del Servicio de Administración Tributaria y de la Oficina de la Presidencia. Solicitamos lo mismo para una lista de funcionarios de la CIA, la DEA, el FBI y, sobre todo, la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que coordinó el envío). Eso y más pedimos.

Desplegamos una intensa...

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