Sergio Aguayo Quezada / ¡Aaaaay, Jalisco!
| Autor | Sergio Aguayo Quezada |
A la memoria de Edmé Reyes, quien me arropó cuando llegué al DF, y del colega Jan de Vos.
En Jalisco hay un festival de corrupciones, conflictos de interés y tráfico de influencias. Las instituciones están rotas y desvencijadas.
Alonso Godoy Pelayo ha sido el auditor superior de Jalisco desde 2004. Llegó con una fama de académico serio y honesto que se evaporó al difundirse que la anterior legislatura estatal le regaló bonos por 9.8 millones de pesos, con lo cual su salario mensual pasó de 100 a 250 mil; que su suegro y compadre se benefició de un sospechoso contrato del Congreso por 5 millones; y que una de las instituciones que audita, la Universidad de Guadalajara, le compró en 28 millones una propiedad valuada en 1 millón 260 mil. También se le critica por una denuncia penal, seis acusaciones de acoso sexual, una petición de juicio político y uno que otro dispendio.
En febrero pasado compareció ante una nueva legislatura y el boletín oficial lo condenó en el primer párrafo: "Con evasivas, respuestas poco claras y un discurso repetitivo, el Auditor [...] respondió a los cuestionamientos de los diputados". Ese día legisladores de todos los partidos se lucieron con preguntas incisivas y frases lapidarias mientras el auditor se atrincheraba en evasivas y frases hechas.
Pese a ello, el PRI lo mantuvo en el cargo. El coordinador de la fracción tricolor que lo cuestionó en febrero, Roberto Marrufo, operó su ratificación el 28 de junio argumentando que "no se podía despedir al auditor así como así [...] ya que habría respondido con demandas y entonces se tendría que reinstalar y pagar salarios caídos". Con esa lógica, ¿para qué perseguir criminales si a lo mejor contrademandan?
El auditor sigue en el cargo porque también lo apoyaron otros partidos ninguno de los cuales lo defendió públicamente. La explicación más escuchada sobre tan notable consenso es que se trata de un auditor cómodo para quienes gobiernan. Entre la evidencia citada estaría que los diputados de la anterior legislatura se repartieron 289 millones sin tener que comprobarlos.
El auditor piensa diferente. En entrevista telefónica reiteró lo que ha venido diciendo: los bonos y el contrato para su suegro (y compadre) "son legales y los asignó el Congreso"; no niega la venta del terreno a la Universidad de Guadalajara pero aclara que él "sólo es copropietario junto con sus hermanos". Rechaza vehementemente ser un "auditor a modo" y dice que los ataques en su contra vienen por la...
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