Jesús Silva-Herzog Márquez / Los jueces y el diccionario
| Autor | Jesús Silva-Herzog Márquez |
Tras el escándalo que hace unos años suscitó la publicación de las caricaturas de Mahoma, Ayaan Hirsi Ali, pronunció un discurso en Berlín para defender el derecho a la ofensa. La diputada holandesa que huyó de Somalia rechazando el matrimonio que le imponía su padre, crítica apasionada de la opresión que padecen las mujeres musulmanas, dijo sin rodeos: "vengo a defender mi derecho a ofender". ¿Derecho a ofender? Sí: derecho a decir lo que se piensa aunque ofenda a otros, derecho a expresarse con libertad a pesar de que lo que uno dice lastime a algunos. La sociedad democrática demanda un debate abierto y el debate no es solamente expresión de ideas sino también de intensas emociones de antipatía. Ronald Dworkin, el filósofo del derecho recientemente fallecido, decía algo similar: tenemos el derecho a ridiculizar. En una sociedad abierta nadie, por poderoso o débil que sea, tiene el derecho a no ser insultado u ofendido. Solamente una comunidad que permite la libre expresión del insulto como parte del debate libre puede adoptar sus leyes legítimamente. Si exigimos que los intolerantes acepten la decisión de la mayoría, entonces, debemos permitirles que se expresen -no que se impongan, que se expresen. La Suprema Corte de Justicia acaba de resolver que ese derecho no existe. De acuerdo con los jueces que interpretan la Constitución, no tenemos derecho a ofender. No podemos emplear palabras que lastiman a otros. La Primera Sala de la Corte sostuvo que la Constitución no reconoce el derecho al insulto o a la injuria gratuita. A su entender, la Constitución no protege a quienes usan el lenguaje para maltratar.
De acuerdo con la Primera Sala de la Corte, las expresiones homófobas promueven y justifican la intolerancia, fomentan el odio y el rechazo a un grupo de personas. Las palabras hostiles transforman la atmósfera del debate público alentando discriminación y aún, violencia. Emplear las palabras "puñal" y "maricón" es una burla inaceptable que coloca a los homosexuales en un plano de inferioridad. Esas palabras rinden culto a un estereotipo denigrante y promueven la intolerancia hacia la homosexualidad, por lo que no merecen protección constitucional. Pronunciar esas palabras es un abuso.
En efecto, como ha señalado el ministro José Ramón Cossío en su voto disidente, la resolución de la mayoría se dirige a las palabras pronunciadas no al uso de las palabras, ni mucho menos, a sus consecuencias. "Ofender no es discriminar", sostiene con...
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