SOBREAVISO / Tres de tres o ninguna

AutorRené Delgado

Más de una señal ha recibido el gobierno del peligro supuesto en no encarar, aun a costa de sacrificios, la violación de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad de quienes incurren en esas prácticas.

De fuera y de dentro del país han llegado esos avisos y, aun así, el Gobierno no manifiesta entender lo que dicen expresamente o entre líneas. Asombra sobre todo que, ante la evidencia de cuanto está ocurriendo en Chile, Brasil, Argentina, Honduras, El Salvador y Guatemala, no actúe por sí mismo pero, sobre todo, con dignidad y soberanía.

En anterior Sobreaviso, Las barbas de la corrupción del pasado 23 de enero, se establecía: "La señal es inequívoca: la corrupción se ha convertido en el talón de Aquiles de más de un gobierno en Centro y Suramérica. Cuando no tira, tambalea o descuadra a sus titulares, los debilita hasta transformarlos en presa fácil de intereses económicos, adversarios políticos diversos o causas ciudadanas justificadas".

Pues bien, el eco de esa señal se oye cada vez más fuerte y cerca. En vez de ignorarlo el gobierno y los partidos deberían hacer suya la iniciativa ciudadana #3de3 o, bien, rechazar el conjunto y asumir la consecuencia.

¿Piensa el Gobierno que Estados Unidos atacó la corrupción en la Federación Internacional de Futbol, la FIFA, animado por un entusiasta espíritu deportivo o porque es la insignia de una política que modela una ética pública en el subcontinente?

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Desde el interior y el exterior del país, las tenazas de la pinza que demandan acabar con la sistemática violación de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad se vienen cerrando.

En el campo de los derechos humanos, el activismo de organismos nacionales y extranjeros, oficiales o no gubernamentales, cobra cada vez más fuerza y peso. Si bien es de aplaudir la actividad de los defensores nacionales de esos derechos y de agradecer la solidaridad internacional, es obvio que el país pierde soberanía al pedir o aceptar la supervisión o la intervención foránea.

Sin duda, el Gobierno se encuentra atrapado en un serio dilema. Nada fácil le resulta actuar y castigar con firmeza a quienes violan los derechos humanos porque, a veces, forman parte del entramado de la estructura política que lo sustenta o porque, a veces, involucra a las Fuerzas Armadas de las cuales hoy depende, en más de una región, la contención del crimen.

Sin embargo, no tomar una decisión condena al Gobierno a permanecer en esa espiral que lo sienta en el banquillo...

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