TRANSVERSAL / Avales y floreros

AutorDavid Gómez-Álvarez

El 78.8 por ciento de los jaliscienses perciben que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente en el gobierno del estado, por encima de la media nacional que se sitúa en 75.2 por ciento, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 de INEGI, publicada apenas hace unos días. No muy lejos, 70.7 por ciento de los jaliscienses piensan lo mismo de la corrupción en los gobiernos municipales. La tasa de prevalencia -medida como el contacto de algún ciudadano que tuvo al menos una experiencia de corrupción- es del 16 por ciento en Jalisco, mientras que la media nacional es del 15.7 por ciento. La tasa de incidencia -medida como el trámite realizado por algún ciudadano que implicó corrupción- es de 34.5 por ciento, al tiempo que el promedio nacional es de 30.4 por ciento.

Esta encuesta mide la corrupción administrativa -la "pequeña corrupción" que le cuesta anualmente al país el mismo porcentaje en que se contraerá el PIB este año: 8 por ciento- pero que no captura el fenómeno de la corrupción política: esa que ocurre en las altas esferas del poder político y económico, que no implica mordidas, sino moches. La llamada también "gran corrupción" no ocurre en los trámites ni en los servicios públicos, sino en las obras públicas, arrendamientos y compras gubernamentales: ahí donde las tramas de corrupción se organizan para capturar los recursos del Estado para su beneficio particular.

La capacidad institucional del Estado mexicano para combatir la corrupción ha probado ser falible, cuando no cómplice del saqueo institucionalizado. De los grandes casos de corrupción, apenas unos cuantos han sido sancionados, mucho más motivados por razones políticas que por la aplicación irrestricta de la ley. En Jalisco no cantamos mal las rancheras: de todos los escándalos de corrupción de este sexenio y de los anteriores, ninguno caso ha sido (aún) sancionado. Pero más importante aún es cambiar el enfoque de la agenda anticorrupción: de una visión solo punitiva a una preventiva que se anticipe a las áreas de mayor

riesgo.

La reciente aprobación de la deuda pública por 6,200 millones de pesos es...

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