Ven inconsistencias en caso Colomos III
| Autor | Jonathan Compton |
A un año y medio de que el Gobierno estatal recobró los terrenos de Colomos III junto a Avenida Aviación, la familia De Anda no cesa en su demanda para demostrar que es propietaria de 1.1 hectáreas en la zona.
Además de señalar una serie de atropellos, pidieron a Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que analizara el caso.
Según su opinión, el Estado incurrió en faltas al debido proceso al no notificar debidamente sobre la intervención que hizo el 28 de febrero de 2017 en los predios -con el uso de la fuerza pública-, como MURAL publicó el pasado 6 de septiembre.
El ex Ministro agregó que la medida administrativa se basó en un marco normativo que data de 1957 y no se reforma desde 1998: la Ley que Divide los Bienes Pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y Bienes de Dominio Privado.
Ésta, indicó, sería inconstitucional porque deja amplios criterios de actuación e interpretaciones normativas en perjuicio de los ciudadanos.
También se apoyó en la figura de "recuperación administrativa", prevista en una ley de la CDMX no aplicable en Jalisco; adicionalmente, no brindó la oportunidad de audiencia y defensa a los involucrados.
"No tengo duda que no salvó el debido proceso (...) el acto administrativo; cuando es contrario a la ley, no puede engendrar derechos ni producir consecuencias jurídicas (...), debe determinarse con esto, respetarse la propiedad de la familia, pues los individuos son dueños y poseedores", concluyó Aguirre Anguiano.
El Gobierno argumenta que los inmuebles son patrimonio de los jaliscienses, pues cuenta con títulos de propiedad que datan del año 1900, cuando el entonces Gobernador Luis C. Curiel adquirió las tierras para dotar de agua a la Ciudad.
Sin embargo, los De Anda poseen escrituras notariales desde 2010 por la propiedad de Acueducto 5700; también tienen reconocimiento ante Catastro; nunca existió oposición jurídica o advertencia por parte del Registro Público de la Propiedad, y siguen pagando el predial.
Los agraviados interpusieron un juicio de Amparo, insistiendo que su predio no es parte de Colomos ni del Área Natural Protegida (ANP), pues es casi colindante con el Fraccionamiento Zotogrande; además, no hay pruebas de un daño ambiental por su porción, ni tienen planes de levantar un megadesarrollo.
Justamente uno de los argumentos del Estado para recobrar los terrenos fue que buscaba evitar la construcción de torres de hasta 20 pisos.
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